El pasado lunes 3 de diciembre vi un reportaje del Noticiero Cultural y sentí tristeza cuando Reynaldo González, Premio Nacional de Literatura, precisó que “estamos tocando fondo” en materia de difusión, producción y consumo musical. Tras lo que explicó Cimafunk en el reportaje, recordé mi última estancia en La Habana. Al llegar y montar en un P2, fui obligada a compartir espacio cara a cara con el chofer —no cabía un alma más—, y con un coro de jóvenes de Secundaria que tarareaban con Chocolate El palón divino. Después sobrevinieron Bad Bunny, William El Magnífico, El Tigger, El Príncipe… Y mi cabeza, a punto de una migraña, no sabía qué hacer con la voz ronca de los antiguos Desiguales, mientras resonaba en mis recuerdos el tun tun del video No hay break, en el que pandillas de niños cubanos —dentro de ellos el actor que hizo de Chala en el filme Conducta— matan, en la más burda imitación de thrillers norteamericanos y escenas de mafia, y protegen a los ricos cantantes que apuestan cuerpos femeninos.

“El Decreto 349 nació para suerte y regocijo de quienes amamos lo bueno, lo bello, lo valioso,
lo verdaderamente cubano, con profundos anclajes en valores, respeto y dignidad”.
 

Los autores de ese video, que anduvo de pantalla en pantalla entre los jóvenes y fue visto hasta la saciedad tiempo atrás, hoy deambulan por las calles de Miami y tienen “jugosos” contratos por difundir esa especie de porno callejero musical que sale de sus universos creativos; mientras nosotros, simples cubanos, continuamos oyendo y “perreando” al son de sus “ladridos”, aun en pleno mediodía y sin el más ligero rubor.

Al bajarme del P2, le pregunté a quien me esperaba qué clase de lugar era la “capital de todos los cubanos”, donde un humilde chofer puede decidir qué música escuchan las personas que montan en el ómnibus. Por supuesto, no hallé lugar dónde quejarme y solo pude pedirle al chofer que bajara un poco el volumen.

La vergüenza me hace volver otra vez a aquel suceso para que tales modos de actuación se destierren de una vez, pues no creo que un chofer, por mucha experticia que tenga en su oficio, pueda escuchar música y atender al timón como es debido.

Lo triste no es siquiera el ejemplo, ni la vergüenza, ni la migraña. Lo triste es que hoy, en Cuba, como aquel chofer, hay cantineros, disc-jockeys, expedidores de cerveza, carretoneros, choferes de bicitaxis y todo tipo de transporte urbano, animadores turísticos, directores de radio y televisión, promotores comunitarios, entre los que incluyo a artistas e intelectuales sin conciencia de la calidad musical que deben promover. Lo triste es que el silencio alienta la impunidad. Lo triste es que condenamos la ley sin ponerla en práctica. Ejemplo de ello han sido las manipuladas interpretaciones que hoy tiene el Decreto 349, que nació para suerte y regocijo de quienes amamos lo bueno, lo bello, lo valioso, lo verdaderamente cubano, con profundos anclajes en valores, respeto y dignidad.

Soy testigo de la enorme cantidad de veces que artistas e intelectuales, miembros de la AHS y de la UNEAC, hemos planteado tales problemáticas en congresos, asambleas, plenarias, y ¡Hasta en reuniones de rendición de cuentas! —juro que en esto no hay ningún chiste—; porque estamos hablando de un problema que afecta al barrio, la casa, los espacios públicos, el ómnibus donde van nuestros hijos hacia la escuela, las instituciones y en todo lugar en que se mueva una peseta para la recreación y la cotidianidad del prójimo.

Es cierto, estamos tocando fondo, como dijo el eminente escritor. En materia de promoción y difusión musical cada cual maneja su “finca” como mejor le parece, sin que alguien ponga coto a su pésimo gusto y precarias competencias. De ahí que el Decreto viene a paliar nuestra situación y a ir solucionándola, paulatinamente, siempre que se logre ponerlo en práctica con carácter sistémico, práctico y uniforme.

El Decreto 349 se firmó por el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en abril de 2018. Su cumplimiento se debió haber materializado, según consta en el mismo, 150 días después de su aprobación. Vencido el término establecido, ¿estaremos en condiciones de aplicar y hacer cumplir este Decreto, que define como contravenciones el intrusismo profesional y la presencia de contenidos deleznables, discriminatorios y generadores de malas prácticas e indisciplinas en la música, espectáculos y promoción de videos clips? No. Seguiremos sin cumplirlo porque todavía se desconoce. Seguimos sin cumplirlo, porque, primero que todo, su puesta en vigor requiere un conjunto de normas regulatorias que describirán cómo aplicar su contenido. Hoy dichas normas se diseñan y es de suponer que vayan desde la infraestructura o recursos que se deben mover en la práctica, hasta la estructura misma que sostiene su aplicación. Porque para concretar su cumplimiento necesitamos el empoderamiento de inspectores del sector cultural —hoy con escasa jerarquía social y, en muchas provincias, ni siquiera ocupan plazas—, con recursos y autoridad para darle carácter punitivo a la infracción. Requerirán también análisis, capacitación y discernimiento en materia de arte y cultura para quienes determinarán las contravenciones. Pero mientras tanto, ¿qué sucede?

Pues como siempre, ante la evidencia de nuevas regulaciones, algunos manipulan criterios, acciones e ideas esperando lesionar nuestro sistema. ¿Quiénes son? Políticos y corruptos. Políticos del lado de allá, que necesitan alentar “disidencias” dentro de la Isla. Lo hacen mediante personas con posicionamientos sociales y culturales como artistas y promotores, para hacer creíbles no solo a los enemigos de la Revolución, sino también para justificar sus jugosos ingresos. Para ello exploran las zonas más íntimas de quienes tienen opinión, escudriñan sus perfiles en redes sociales y se aprovechan groseramente de cuanto fantasma, miedo o sospecha consigan localizar allí. Junto a su pensamiento y preconcebida capacidad de disentir, estos “opositores” usan inmisericordemente todos los recursos posibles para construir un liderazgo opuesto a la institucionalidad y la ideología cubanas. Así, muchos artistas caen en la trampa y oscilan entre manipulaciones políticas, la sombra del dinero y la opinión crítica; todo lo cual les lleva a situaciones límite susceptibles a la manipulación, con planteamientos epidérmicos alejados del diálogo y posturas de hastío o cansancio ante problemas cuya solución solo puede hallarse aquí, mediante el razonamiento colectivo y el aprovechamiento real de todas nuestras potencialidades.

 “A pesar de que se piense lo contrario, en materia de libertades y creación, los artistas que
residimos en la Isla seguiremos siendo tan libres como hemos sido hasta hoy”.
 

Respecto de los corruptos, ¡ni hablar! En este sentido urge llamar las cosas por su nombre. Jugosas sumas se han pagado en Cuba, a costa de los presupuestos, por actuaciones públicas de quienes hacen la peor música. ¡Claro que la corrupción nunca aceptará el 349! Simplemente porque este Decreto impedirá no solo que se llenen de golpe y porrazo determinadas arcas empresariales, sino también los bolsillos que lucran con indignidad, al son de la seudocultura. Esos serán, obviamente, lo primeros en rechazar la nueva ordenanza.

En materia de opiniones negativas, tanto allá como acá, se habla que el 349 propiciará un ambiente de censura a la creación y una tentativa para politizar el arte y coartar la libertad de expresión, cuando en verdad sanciona los contenidos obscenos, violentos y discriminatorios que invitan a las audiencias a ir más allá de la simple escucha.  

Ya nadie recuerda cuando la canción Working Class Hero, del álbum debut de John Lennon en solitario, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), fue prohibida por la BBC Radio por la inclusión de la palabra fucking (jodido). Aunque el término no produjo excitación sexual, ofensa o molestia en las audiencias. Ken Sleeman, gerente de la estación Radio WGTB, de Washington, fue sancionado con un año de prisión y obligado a pagar una multa de diez mil dólares por radiar Working Class Hero. Me imagino cómo debió haber criticado la oposición política de entonces a quien formuló la queja, el representante de EE. UU., Harley Orrin. Al parecer no hubo opiniones polémicas, sobre todo desde el exilio — ¿dónde estarían los exiliados correspondientes en semejante caso?—, o al menos, si las hubo, no trascendieron con la suficiente nitidez.

A pesar de que se piense lo contrario, en materia de libertades y creación, los artistas que residimos en la Isla seguiremos siendo tan libres como hemos sido hasta hoy, no porque haya que ponerlo en decreto o en políticas, sino porque la condición y naturaleza del arte nos ofrecen esa posibilidad. El texto cultural que no sea polisémico, multilateral, polifónico, capaz de transformar el mundo y la propia existencia por su eterno diálogo con lo más íntimo de la condición humana, simplemente NO es arte; es seudocultura que exacerba el morbo con contenidos deleznables, histéricos, violentos, o tal vez un porno disfrazado con patrones rítmicos copiados al por mayor y una melodía que promueve la más primigenia animalidad, con sexo también al por mayor.

Por tanto, hablar en este caso de censura, de ausencia de libertad creativa, no pasa de ser una falacia, una mentira con apariencia de verdad, aliada a la sospecha y al fantasma del Quinquenio Gris, pura manipulación política. Me gustaría pensar que, en el caso de los artistas que así opinan, podría tratarse más de una pose de contestación al poder que de un convencimiento ideológico o una disidencia intelectual reales; pues de lo contrario empezarían por abandonar ciertos criterios que hoy esgrimen, insuficientes para resistir el menos análisis serio y profesional.

El 349 sancionará el intrusismo profesional, lesivo a la creación de vanguardia (artículo 2.1), y los contenidos (artículo 3.1) discriminatorios, violentos, pornográficos, sexistas, groseros, obscenos, lesivos al normal desarrollo de la infancia y la adolescencia, al uso de símbolos patrios que contravenga la legislación vigente, y a otros discursos, temáticas, imágenes o ideas que infrinjan las disposiciones legales reguladoras del normal desarrollo de nuestra sociedad, en materia cultural.

Cualquiera que tenga descendencia o familia, cualquiera que posea educación, valores y ética, cualquiera que desee lo mejor para su país, ansía que terminen la agresión por contenidos obscenos, la contaminación por ruido, el irrespeto, la violencia, la grosería y la constante lesión a la dignidad. Entonces el 349, siempre que se cumpla con carácter de sistema y uniformidad en cualquier espacio donde sea posible, viene a abrir senda segura y significativa para eternizar nuestra humanidad, conservar lo mejor de la cultura cubana, proteger las bienaventuranzas que hemos construido y, por supuesto, defender el sueño de que un mundo mejor siempre es y será posible. Esos, y no otros, son y habrán de seguir siendo nuestros derechos humanos.