Tras el desmoronamiento del campo socialista y la desintegración de la URSS, la economía cubana tocó fondo. Como “estocada final”, Estados Unidos promulgó la Ley Torricelly, que arreció el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla. Un efecto inmediato fue la aparición del Riesgo Cuba, que provoca recargos a las transacciones de hasta el 22% sobre las tasas de interés y los precios prevalecientes en el mercado mundial.

La Ley Torricelly  arreció el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla Imagen: Tomada de internet

Hacia 1994 en Miami los terroristas actuaban con absoluta impunidad. Ese año se registraron ataques piratas contra los hoteles Meliá Varadero y Guitart Cayo Coco; un ametrallamiento en la bahía de Matanzas contra un tanquero de bandera maltesa cargado de petróleo; un sabotaje contra la Termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, y dos atentados contra instalaciones de servicio al turismo.

En paralelo —y pese al esfuerzo cubano por normalizar las relaciones con la emigración—, continuaba el estímulo a las salidas ilegales del país. Con independencia del Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias del 14 de diciembre de 1984 —que estableció una cuota anual de hasta 20 000 visas para Cuba—, Estados Unidos no dejó de manipular el tema como factor de desestabilización. Ningún presidente —republicano o demócrata— tuvo la intención real de corregir las distorsiones de una política que por más de 35 años presentaba a todo emigrante cubano como refugiado político. A partir de 1991 el problema se había agravado, al anular Estados Unidos el espíritu del acuerdo: mientras la demanda crecía, las formas de emigrar se redujeron, pues de 60 000 visas para otorgar entre 1991-1993, su Sección de Intereses en La Habana concedió 3 250, y el rechazo a quienes las solicitaban por concepto de visitas familiares escalaba del 40% al 80%. Por su parte, la radio y la televisión subversivas alentaban el éxodo y, a tenor de la Ley de Ajuste Cubano, 9 016 emigrantes ilegales eran recibidos como refugiados políticos, sin importar que asesinaran, robaran una nave aérea o una embarcación.

Del acuerdo de 1984, Estados Unidos priorizó el programa de refugiados para fomentar la oposición; pero no tuvo éxito: el 6 de marzo de 1994, el periódico Juventud Rebelde divulgó un documento en el que la Sección de Intereses advertía a Washington que los procesos para visas de refugiados eran poco sólidos, ya que la mayoría de las personas se presentaban por el deterioro económico del país.

Desde el 9 de enero de 1992 —cuando delincuentes armados intentaron robar una lancha de la base náutica de Tarará y asesinaron a un custodio, un guardafronteras y dos policías— hasta 1994, se produjeron 7 secuestros de aeronaves y 132 de embarcaciones; en uno de estos último resultó ahogado un trabajador de Varadero.

El 13 de julio de 1994 fue secuestrado del puerto de La Habana el remolcador 13 de Marzo, apto solo para la navegación de corta distancia en aguas interiores. Cuatro tripulantes que observaron el robo se montaron en otros dos remolcadores e intentaron frustrarlo. En la maniobra el oleaje provocó un choque accidental y la vieja nave de madera hizo agua. Perecieron 32 personas y otras 31 fueron rescatadas por embarcaciones de Tropas Guardafronteras que acudieron al lugar tras recibir noticias de lo que acontecía. A este incidente le sucedieron el secuestro con violencia de lanchas de pasajeros en el muelle capitalino el 26 de julio y el 3 y 4 de agosto —en el último caso fue asesinado el joven policía Gabriel Lamouth Caballero. Luego las emisoras anticubanas comenzaron a anunciar que el 5 de agosto de 1994 un grupo de barcos llegarían hasta la capital para recoger personas interesadas en viajar a Estados Unidos, acción de guerra psicológica que movilizó hacia el malecón al potencial migratorio.

Otro grupo intentó secuestrar un remolcador el 5 de agosto; con posterioridad, delincuentes irritados porque no llegaron los barcos anunciados empezaron a tirar piedras y a romper vidrieras y ómnibus, atacando a quienes intentaban poner freno a esos actos vandálicos, nunca antes vistos en la Revolución. No hubo, sin embargo, carros lanza agua, gases lacrimógenos ni policías con escafandras; miles de trabajadores, deportistas y jóvenes salieron a defender las calles. En medio de tanta tensión, un grupo de muchachas se lanzó a encarar las acciones violentas con una bandera cubana. Luego llegó Fidel con la escolta desarmada. Una marea de pueblo se sumó a su avance. La gente aplaudió, dio vivas; se le aproximaban para protegerlo y contarle lo que estaba pasando. Los que tiraron piedras se escondieron; los que gritaban improperios se evaporaron; los provocadores se desmoronaron. 

La prensa estadounidense anunció que se hundía la Revolución. Aquel 5 de agosto marcó el punto crítico de un escenario provocado por Estados Unidos; la crisis pretendía generar un clima de caos que derivara en un baño de sangre para justificar la intervención militar. El secuestro de una embarcación el día 8, en el Mariel —cuyos autores asesinaron al teniente de navío Roberto Aguilar Reyes—, y la actitud cómplice de las autoridades estadounidenses que acogieron como héroes a los homicidas, provocaron que el día 12 Cuba decidiera no obstaculizar más las salidas por medios propios. Ante las previsibles consecuencias de un caos en año de elecciones congresionales, el 19 se produjo un viraje radical: Washington anunció que no acogería más como refugiados políticos a emigrantes ilegales: serían interceptados en alta mar y concentrados en la base naval de Guantánamo u otro sitio. Pero el 20 William J. Clinton promulgó medidas que constituían un estímulo al éxodo, pues limitó los viajes a la Isla de los cubanos residentes en Estados Unidos, suprimió todo envío de ayuda monetaria familiar y redujo al mínimo los vuelos entre Miami y La Habana.

El 9 de septiembre de 1994 se firmó un nuevo acuerdo migratorio. Fijó en un mínimo de 20 000 las visas anuales, mas el capítulo no se cerró: en 1995 Clinton decretó la política de “pies secos-pies mojados”, que estipuló la devolución de los emigrantes ilegales capturados en alta mar, en tanto los que pisaran suelo estadounidense serían acogidos como refugiados políticos, privilegio del que no ha disfrutado ninguna otra nacionalidad en Estados Unidos.

Desde la firma del acuerdo, en franca violación de nuestra soberanía territorial, pilotos del grupo paramilitar con base en Miami Hermanos al Rescate, dirigido por el terrorista José Basulto, comenzaron a penetrar el espacio aéreo cubano con avionetas de matrícula estadounidense, en una escalada de acoso y amenazas conocida por la Administración Clinton. Cuba protestó por los canales diplomáticos durante casi dos años; consta, incluso, que en varias oportunidades la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana notificó al Departamento de Estado que las naves de Hermanos al Rescate se podían oír y hasta ver desde la misión, dado que volaban a muy baja altura para lanzar sobre la ciudad propaganda subversiva.

Washington no prestó atención al reclamo del gobierno cubano de poner fin a las incursiones ilegales sobre el territorio de la Isla, y los vuelos se tornaron cada vez más provocativos. Obrando conforme a derecho, el 24 de febrero de 1996 nuestra fuerza aérea derribó a dos de las avionetas intrusas sobre aguas jurisdiccionales cubanas. La maquinaria contrarrevolucionaria del sur de la Florida abogó por un golpe aéreo quirúrgico. Pese a la retórica con que manejó el tema, Clinton tenía la certeza de que Cuba no mentía y no se dejó arrastrar; las imágenes satelitales —que Estados Unidos no quiere publicar— lo corroboran: las aeronaves cayeron a una distancia de entre cinco y ocho millas al norte de la playa Baracoa, al oeste de La Habana.

El incidente fue utilizado para aprobar la Ley Helms-Burton, que se discutía en el Capitolio desde 1995 para frenar la inversión extranjera en la Isla y recrudecer las normas de coerción económica mediante la aplicación extraterritorial de la jurisdicción estadounidense. Pese al rechazo de la Unión Europea y Canadá, el 12 de marzo de 1996 fue sancionada. Más allá de su carácter extraterritorial —instituyó que ciudadanos y empresas norteños pueden demandar en los tribunales federales a compañías de terceros países que inviertan en propiedades confiscadas por la Revolución—, confirió a la Casa Blanca la facultad de decidir el ordenamiento político cubano. En correspondencia con su letra, casi todas las restricciones decretadas permanecerán vigentes hasta que el presidente de Estados Unidos proclame que ha sido electo un gobierno servil en Cuba.

Embriagada por las concesiones recibidas, la mafia cubano-americana escaló en las acciones violentas. El 21 de octubre de 1996, un avión de fumigación con matrícula estadounidense propagó sobre cultivos de papa en Matanzas y La Habana una plaga del insecto de origen asiático Thrips Palmi Karni, que aparece en la lista de invertebrados relevantes a los efectos de la Comisión de Armas Biológicas de la ONU. Seis meses después, la explosión de una bomba en la discoteca Aché del hotel Meliá Cohíba abrió una serie de atentados contra instalaciones turísticas en La Habana, ejecutados por una red organizada en Centroamérica por el terrorista Luis Posada Carriles, confeso autor del sabotaje a una aeronave civil de Cubana de Aviación en 1976, quien circula impunemente por las calles de Miami.

Entre el 12 de abril y el 4 de septiembre de 1997, resultaron impactados por acciones con bombas el restaurante La Bodeguita del Medio y los hoteles Capri, Nacional, Chateau, Tritón y Copacabana; en esta última instalación perdió la vida el joven turista italiano Fabio di Celmo. Entre 1990 y 1998 desde Estados Unidos fueron perpetrados un total de 31 planes y acciones terroristas contra Cuba, la mayor parte vinculados a la Fundación Nacional Cubano Americana, que financió los más peligrosos, en especial los organizados por Posada Carriles.

No pocos de los invitados de Donald J. Trump al espectáculo demencial escenificado el pasado 16 de junio en el teatro Manuel Artime, escribieron las páginas narradas en este artículo. Por solo citar un ejemplo, Cary Roque, la robusta señora que recibió como regalo la estilográfica con que se firmó la nueva directiva presidencial contra Cuba, fue una activa suministradora de explosivos para actos terroristas en La Habana y de armas para las bandas contrarrevolucionarias que se alzaron en el Escambray, al triunfo de la Revolución. Detenida en 1961 y sancionada a 20 años de privación de libertad por terrorismo y sabotaje, cumplió 16, emigró a Estados Unidos y allí se unió a la facción terrorista organizada por Jorge Mas Canosa en la Fundación Cubano Americana. Reconocida asalariada de la USAID en las campañas contra Cuba, fue muy activa en la cruzada para crear un clima psicológico adverso durante el juicio de nuestros Cinco Héroes desde su programa en radio WCMQ, Hablando con Cuba, por lo que recibió $51 975. Mantiene estrechos vínculos con los connotados terroristas Ángel de Fana y Luis Posada Carriles. Un mes antes del vergonzoso show del Manuel Artime, Cary fue condecorada junto a Fana y al delincuente-mercenario Jorge Luis García (Antúnez) por el gobernador de la Florida, Rick Scott, con la medalla Freedom Award. Lógica juntamenta, raro “privilegio”.