La excepcionalidad del proceso constituyente cubano está dada por el número de personas que, dentro del marco nacional (residentes o no en el país), pueden participar. De entrada, la Asamblea Nacional, máximo órgano de poder, está compuesta por delegados de la más diversa extracción, quienes no llegaron hasta allí tras costosas campañas electorales, sino mediante procesos de votación. Ese órgano, llano, sin marca de elitismo, convocó al debate en torno al Anteproyecto de Constitución que se elaboró  entre los diputados en el marco de sesiones transmitidas a toda la nación.

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En Cuba todos tienen ahora voz para hablar sobre la máxima ley, ya posean o no cultura jurídica. De hecho, se suelen escuchar desde sabias intervenciones hasta barbaridades que, dentro del espíritu democrático, también cuentan con su espacio. Para que se tenga una magnitud, en mi centro de trabajo se realizó el debate en torno al documento y hubo hasta quien tuvo la ignorancia de llamarlo “la Constitución de los maricones”, todo por la polémica en torno al artículo 68.

No hubo ni habrá mordaza para las opiniones que sean vertidas, aunque sí sentido común y de la conveniencia sana. De hecho se permitió que un grupo de iglesias realizaran la campaña “Estoy a favor del diseño original”, pues se confía en que son nuestros constituyentes quienes saben mejor qué ley votar o no. A diferencia de otras Cartas Magnas, vigentes desde 1776 (Estados Unidos), la legalidad nacional se suele mover con los tiempos, de manera pragmática, teniendo en el votante su garantía.

Se nos pregunta desde ámbitos externos si el proceso constituyente tiene carácter vinculante, esto es si el pueblo puede retirar o incluir alguna ley de manera directa, ya que la Asamblea Nacional que elaboró la Carta es el máximo órgano legislativo. Quienes así cuestionan el proceso obvian el carácter participativo (y por ende representativo) de nuestra democracia, ya que los constituyentes (la masa) son los mismos que están sentados en los curules del parlamento.

Esta forma de participación, que huye de los clichés de las democracias occidentales, no mide al votante o al constituyente por su extracción social, de hecho, convoca a todos a que se defiendan y expongan sus intereses. De igual manera, nuestra Constitución (la socialista) siempre ha estado abierta a reformas propuestas de manera directa por el pueblo o por los legislativos, mediante la consabida mayoría indispensable.  

En el debate acerca de la Carta hay espacio hasta para aquel que hable un disparate, porque se confía en la prevalencia de la razón y la gobernanza, actitud que la mayoría de los gobiernos hoy prefiere delegar en élites y clases políticas. Se puede decir que es la “Constitución de los maricones”, pero se sabe que el proyecto está lejos de encarnarse en ninguna fórmula banal o alienante. Sin duda, se trata de un ejercicio donde no solo hay un juego de roles muy amplio, sino que se definen verdades ensombrecidas en el seno social, sobre todo las referentes a los tabúes.

La nueva ley, además de garantizar justicia y equidad de oportunidades, guardará los próximos años, cuando, amén de errores que puedan cometerse, prevalecerá la visión social de la actividad humana. Una economía diversa, en crecimiento, con mejores salarios y más recursos de trabajo; esa es la mira de la Carta, para eso se trabaja en el conjunto de la población. No se trata de dividirnos en torno a este o aquel artículo, sino en qué haremos para vivir mejor.

Propuestas de gobernanza se barajan en el Anteproyecto, entre tantas, está la independencia mayor de los órganos locales, así como una mayor transparencia en el ejercicio del Poder Popular y de las instituciones. Papel este último donde indudablemente la prensa tiene mucho protagonismo y, por demás, necesita de una actualización en sus modelos y procedimientos habituales.

Se puede estar en desacuerdo con todo el cuerpo de la Constitución, pero se deberá acatar lo que decidan los votantes mediante referéndum, porque en una democracia, además del respeto a las minorías, prevalece el criterio de la mayoría. Quizás en los debates se deba ganar en cultura jurídica, esa que se necesita para no llamar un documento con el apelativo de “el de los maricones”, pero todo sea en su momento.  

Nuestro pueblo, diverso, cuenta con las mismas sombras y luces humanas que cualquier otro, pero tiene la oportunidad de escucharse a sí mismo para reformar las leyes. Cuba se hace a sí misma, como dijera Sartre, y esa libertad se alcanzó tras décadas de un proceso constituyente durante 1901, donde por desgracia no participó el grueso de la población, a pesar de la presencia de indiscutibles patriotas.

Con el precedente del plattismo en la historia nacional, tendemos a forjar una Carta que asegure nuestro derecho a decir y a hacer, sin pedir permiso a otros gobiernos. Dentro del marco del Derecho Internacional, el actual proceso constituyente tiene legalidad y excepcionalidad, porque por un lado se inscribe en los principios de gobernanza aprobados en el seno de las Naciones Unidas, y por otro, cuenta con las garantías participativas que en la práctica quedan anuladas en otros horizontes geográficos.

Democracia es más que representación, es poder directo, para eso y mucho más existe el referéndum constituyente.