A 150 años de una decisión que afectó gravemente la causa independentista

El 27 de octubre de 1873, en un lugar conocido entonces por Bijagual de Jiguaní, se produjo la deposición de Carlos Manuel de Céspedes de su cargo de presidente de la República en Armas. La Cámara de Representantes o lo que quedaba de ella, con el respaldo de algunos jefes militares, y apoyándose en el artículo 9no de la Constitución de Guáimaro, determinó privarlo de su cargo. A partir de ese momento se suscitó una gran discusión sobre la legalidad del acto, y los historiadores quedaron divididos en dos bandos, aunque es justo reconocer que la gran mayoría apoyó la tesis de la incuestionable legalidad de la decisión cameral. 

La publicación en 1992 del último diario de campaña de Carlos Manuel de Céspedes propició la reapertura de la antigua discusión: ¿Fue legal o no la deposición de Céspedes de su cargo de presidente? ¿Actuó con absoluta legalidad la Cámara de Representantes? Los principales historiadores e investigadores consideraron irreprochablemente legal la deposición. En otras posiciones —no contradictorias— se manifestaron César Rodríguez Expósito, quien calificó de injusta la decisión; Raúl Aparicio, de farsa; y Elías Entralgo, de abuso (a este acucioso profesor se debe la siguiente frase: “no querían un tirano pero ellos estaban dispuestos a erigirse en dieciséis tiranos”).

Por regla general se acudía al libro de Enrique Collazo Desde Yara hasta el Zanjón, en el que el militar mambí opinó sobre la grave medida cameral:

La deposición de Céspedes es el hecho culminante de la Revolución Cubana y el punto de partida de nuestras desventuras; verdad es que se trató y se llenaron los requisitos legales, que se respetaron los principios, tratando de anular únicamente al hombre; que quedó en pie la Constitución y se salvó la disciplina militar, se cubrieron las apariencias; pero se echó al aire la semilla que, sembrada por malas manos, había de germinar más tarde en las Lagunas de Varona. La ambición, el descontento y los rencores personales, se encubrieron con el respeto a la Ley.

También estos opinantes se basaron en el testimonio, muy influyente, de Fernando Figueredo, quien combinó la rara condición de ser ayudante del presidente y testigo presencial de las deliberaciones de Bijagual de Jiguaní y quien tampoco puso en duda jamás la legitimidad de la decisión tomada allí.

Otro elemento confirmador fueron los prolongados silencios del propio Céspedes. El vencido en la pugna de poderes no alzó su voz para reclamar, disentir o siquiera protestar. Acaso un párrafo de una carta a su esposa, fechada el 10 de febrero de 1874, en la que dice: “Es verdad que el acuerdo de la Cámara adolece de nulidad; pero no me tocaba a mí ventilar esa cuestión: ella añadirá quilates a la responsabilidad en que ha incurrido esa Corporación”.

De tal forma, quedaba sumergido en el misterio si el bayamés había callado por reconocimiento a la legalidad del órgano legislativo contenida en el artículo referido de la Constitución o si fue por cautela, para no levantar una ola de disidencia en una posible facción cespedista y, por consiguiente, para no desatar una lucha fratricida dentro de las filas patrióticas. El diario de campaña que Céspedes escribía puntualmente y que fue ocupado por los españoles en el fatal asalto a San Lorenzo, revela sus verdaderas opiniones acerca de la decisión cameral.

La deposición fue preparada como una puesta en escena para impresionar a los más de mil soldados mambises que habían sido reunidos por los jefes complotados con la Cámara. Durante varios días conferenciaron, practicaron sus discursos, se distribuyeron los turnos en el uso de la palabra y los cargos que cada cual iba a arrojar al rostro del presidente, ausente en la sesión oficial.

Es interesante y revelador lo que se pone de manifiesto en este testimonio, pues, en efecto, la reunión tuvo sesiones preparatorias y los discursos no parecían surgidos del debate espontáneo como consecuencia de la crucial cuestión, sino que traslucía una premeditación.

Sobre la reunión de Bijagual hay escenas en un libro,que es hoy una verdadera rareza bibliográfica, escrito por un militar español que fue capturado por la tropa mambisa y que presenció, junto a otro soldado que se encontraba en las mismas condiciones que él, la tristemente célebre sesión de la Cámara. Es interesante y revelador lo que se pone de manifiesto en este testimonio, pues, en efecto, la reunión tuvo sesiones preparatorias y los discursos no parecían surgidos del debate espontáneo como consecuencia de la crucial cuestión, sino que traslucía una premeditación. Para el oficial Antonio del Rosal la sesión fue rápida, Céspedes era depuesto por los cargos de dictador y tirano; el discurso de Cisneros agradeciendo su nombramiento “debía tenerlo escrito con antelación”;  la intervención de Betancourt, por su tono satírico, la consideraba impropia de acuerdo con la relevancia del asunto; la revista militar con los mil y tantos soldados mambises allí presentes fue un pretexto “para participar a la fuerza la decisión de la Cámara y dar a conocer al nuevo presidente que fue vitoreado de oficio”;y por último, que apreció en los rostros de los soldados y demás presentes que habían sido tomados por sorpresa cuando Pérez Trujillo dijo que la sesión se abría para deponer a Céspedes. Ningún observador más imparcial que este enemigo capturado quien, por supuesto, no estaba alistado en ninguno de los bandos.

Los pormenores sobre la participación militar en el apoyo y viabilidad de la destitución del presidente son bien conocidos. Céspedes se había malquistado con algunos de los principales jefes del Ejército Libertador al enviarles cartas en las que les recriminaba comportamientos inadecuados de tropas que estaban bajo el mando de estos. Calixto García y Modesto Díaz fueron dos de los jefes que recibieron estos llamados al orden. Por otra parte, la muerte de Ignacio Agramonte había dejado expedito el camino a la revuelta militar legitimada por la cobertura y la anuencia del órgano legislativo, o sea, por los representantes de la Constitución, sus “salvaguardas” y “garantes”. En los días previos a Bijagual, los principales jefes mambises fueron consultados con el objetivo de conocer los criterios de estos con relación a la deposición. Calixto García —que llevó la trama junto al Marqués—, Modesto Díaz, Vicente García, Titá Calvar y Máximo Gómez, entre otros, recibieron a los emisarios de la Cámara. Francisco Vicente Aguilera también había enviado a la Cámara su aprobación de la destitución, incluso la apremió. Solo faltaba convocar a la concentración de tropas y escenificar la protesta colectiva de los diputados ante los “abusos” y los “excesos” del que se dibujaba “como un dictador ávido de todos los mandos de la República”.

Desde finales de septiembre de 1873 Céspedes tiene la total certidumbre de lo que se maquina. Escribe el sábado 27: “La Cámara trata de darse una escolta que obedezca solamente sus órdenes. ¿Qué significa esto? Fácil es responder. Preparan algún golpe de estado que pueda enjendrar la guerra civil. Qué horror!”. El miércoles 8 de octubre: “Sin embargo, por una conversación que tuve con Calvar creí entrever que había algún acuerdo sobre mi entre algunos jefes y Diputados”.

El domingo 26 envía a Fernando Figueredo a Bijagual de Jiguaní y escribe:

También le hice presente [a la C.R.] que estaba esperando tranquilamente mi deposicion; que mis servicios me habian dado una importancia que echaria la responsabilidad sobre ellos; pero que yo, obediente a la Constitución y las Leyes, no seria causa de que se derramara sangre cubana.

Finalmente se tomó la decisión y la Cámara envió a Céspedes un documento oficial con un soldado. El martes 28, después de un torrencial aguacero que duró toda la noche y que, al parecer, ejerció efectos benévolos en el sueño de Céspedes, este tiene ante sí, en el desayuno, al soldado portador del correo que traía el sobre lacrado con la medida cameral:

Al levantarme se me presentó José Cabrera con un acuerdo de la Cámara fechado ayer en que me deponía de la Presidencia, y otro de la misma fecha en que designaba al “Marqués” para reemplazarme. Ambos en mi concepto adolecen de nulidad (…).

Queda planteada nuevamente la cuestión de la nulidad de la medida luego de la deposición. No han pasado 24 horas de la fatal determinación y ya Céspedes la cuestiona, pero no va a protestar. Callará, como ya se dijo, en aras de no provocar el enfrentamiento armado entre cubanos. Sin embargo, declaró esta expresión emblemática:

Ya sin responsabilidad estoy libre de esta carga. La historia proferirá su fallo.

El sábado 8 de noviembre escribe,

…S. Cisneros quería ser Presidente de la República. Este se opuso en la junta de San Miguel en 1868 al levantamiento inmediato. Tomás Estrada quería ser Presidente de la Cámara. Este fue reformista y quiso desbaratar el pronunciamiento del 10 de Octubre.

Después de vistas las dos posiciones enfrentadas, paso a cuestionar el procedimiento cameral.

1. El quórum mínimo permitido y aprobado por la propia Cámara de Representantes el 3 de abril de 1872 era de nueve diputados (el total oficial del cuerpo legislativo era de dieciséis miembros, aunque físicamente eran trece en 1873). La votación efectuada el 27 de octubre en Bijagual de Jiguaní al retirarse Salvador Cisneros Betancourt insinuando “pudor”, por saber que él mismo sería el sustituto, privaba a la Cámara de la legalidad de su quórum.

2. El 13 de abril de 1872 la Cámara plantea la modificación del texto constitucional y acuerda que por falta del presidente y vicepresidente de la república, sea el presidente de la Cámara quien reemplace al jefe del Ejecutivo. Este acuerdo no fue sancionado nunca por el Ejecutivo.

3. La Constitución establecía claramente en su artículo quinto que “El cargo de representante era incompatible con todos los demás de la República”. Al acordar, sin carácter de ley (doble error legal), que el presidente de la Cámara reemplazara al presidente del Gobierno, en ese mismo instante se estaba infringiendo nada menos que la propia Constitución. El procedimiento legal hubiese sido liberar a Cisneros Betancourt del cargo de diputado (mediante renuncia de este) y, por consiguiente, de presidente de la Cámara, previo a su asunción al cargo de presidente del Gobierno. Pero esto creaba muchos riesgos que, lógicamente, Cisneros no pensaba correr, además de que restaba un voto al ya mínimo quórum de nueve representantes.

4. Por último, y retomando el espíritu de Guáimaro, olvidado por completo por los diputados en Bijagual, todo lo concerniente a la sustitución del jefe del Gobierno era una cuestión tan delicada que reclamaba con urgencia la más estrecha armonía entre los dos poderes, aun cuando estos estuviesen enfrentados. Sería salvar la unidad por encima de todas las diferencias políticas. 

Martí, en uno de sus rápidos y lúcidos juicios sobre Céspedes, después de haber investigado lo suficiente sobre la figura y su actuación en la guerra del 68, expresó que ni Cuba ni la historia olvidarían jamás que el que llegó a ser primero en la guerra, comenzó siendo el primero en el respeto a la ley.

Estos son los elementos jurídico-legales que cuestionan la legalidad de la decisión cameral. Alguien objetará qué sentido tiene dirimir esta cuestión a 150 años de planteada. La respuesta es simple: dejar esclarecido un pasaje turbio de nuestra historia, reivindicar al hombre que sí se ajustó a la Ley Fundamental y que, aun sabiéndose depuesto por ilegalidades evidentes, calló con tal de no crear más disensiones en las filas patrióticas. Céspedes perdía la batalla, y la revolución perdía la única fórmula con la cual podía lograr la victoria contra el poderoso ejército español y sus sólidas bases logísticas.

A partir de ese instante comenzó el vía crucis de Céspedes, quien sufrirá a manos de los nuevos gobernantes de Cuba Libre un rosario de humillaciones, de vejámenes sucesivos. Le harán pagar por su obstinada y digna conducta de enfrentamiento; le harán pagar por la autoridad moral e histórica de que gozaba, a pesar de que afirmen lo contrario en sus documentos; le harán pagar, también, por su carácter y su temple. Martí, en uno de sus rápidos y lúcidos juicios sobre Céspedes, después de haber investigado lo suficiente sobre la figura y su actuación en la guerra del 68, expresó que ni Cuba ni la historia olvidarían jamás que el que llegó a ser primero en la guerra, comenzó siendo el primero en el respeto a la ley.

El ejemplo legalista y civilista de Céspedes trasciende su tiempo histórico. Es, quizás y sin quizás, uno de sus mayores legados para las futuras generaciones de cubanos y para que en Cuba, la conciencia de lo civil, es decir, no estar por encima de la ley ni de la Constitución, sea un principio tan irrenunciable y amado como los de soberanía y patria.