Aprobada la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural

Este lunes los diputados también discutieron y aprobaron el Proyecto de Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, cuerpo legal que se centra en la salvaguarda de las manifestaciones y bienes culturales, además de los sitios naturales con valores históricos, artísticos, sociales, los primeros, y científico ambiental, estético, los segundos.

Al presentar la ley, el diputado Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, fundamentó que fue muy debatida, desde su publicación en las diferentes plataformas y en encuentros con diferentes organismos, gobiernos provinciales, además de las más de 1500 opiniones por parte de los parlamentarios.

La nueva norma “refuerza nuestra soberanía, eleva a rango de ley elementos importantes de la cubanía, la identidad nacional y valores esenciales para la formación de las nuevas generaciones”.

Señaló igualmente la importancia de criterios de grandes personalidades de la cultura como Miguel Barnet y Eduardo Torres Cuevas, entre otros.

Al tiempo destacó el necesario orgullo en el país por el trabajo de los museólogos, personas que trabajan con el patrimonio histórico, el legado de Eusebio Leal, e incluso la lucha de Miguel Barnet para el reconocimiento del patrimonio inmaterial.

Esto ha sido una preocupación desde el inicio de la Revolución, que tiene que ver con el acceso democrático al conocimiento, a lo mejor de la cultura nacional y universal, y muestra el colosal empeño de proteger el patrimonio cultural de la nación, añadió.

Dijo también que el compromiso estatal de proteger todo eso está refrendado en la Constitución, así como en las primeras leyes aprobadas en 1977, que se complementaron en el tiempo con nuevas normas que fueron dando respuesta al reto, además de las décadas de trabajo para el respaldo jurídico acompañado de políticas, la asignación de recursos económicos y la formación de recursos humanos, que han permitido avances en este campo.

Además de recordar lo ya logrado en el ramo y la coherencia con no pocos acuerdos internacionales, como la propia lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, o la protección de los humedales y el programa de geoparques, subrayó la necesidad de la evolución del pensamiento teórico y de incorporar nuevas categorías hoy subvaloradas, en aras de articular el ámbito legal con los compromisos internacionales.

Específicamente, destacó que con la Ley se regulan los mecanismos y procesos para la protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, en sus diferentes categorías; los derechos, responsabilidades, obligaciones y prohibiciones para las personas naturales y jurídicas en relación con la protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural; los derechos de propiedad y la transmisión de dominio de los bienes culturales Patrimonio Cultural.

También tiene en cuenta la importación y la exportación de los bienes culturales, inscritos o no como Patrimonio Cultural en el Registro Central de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural; los sujetos de la gestión patrimonial y sus funciones generales afines a la protección del Patrimonio Cultural y del Patrimonio Natural; así como el funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos.

Aclaró el titular de Cultura que en la elaboración del documento primó el principio de construcción colectiva, pues más de 300 personas opinaron, se realizaron cerca de 37 encuentros virtuales y personales, gracias a lo cual alrededor del 62 por ciento de la ley fue modificada.

Participaron unos 15 diputados y, de los 27 planteamientos recibidos, 12 fueron aceptados.

Como resultado de todo lo anterior se presentó un proyecto que responde a los principios de la política; y el proceso de consulta ha robustecido la estructura de la normativa, ha logrado integración con otras normas y su aprobación es un paso trascendental en la consolidación de la política del Estado para proteger el patrimonio de la nación, su gestión, etcétera, argumentó Alpidio Alonso.

Durante la presentación del dictamen, Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente explicó que la propuesta legislativa que se presenta es de alto valor, pues actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia conforme a las necesidades actuales de protección del patrimonio en Cuba, pero también al rigor de los instrumentos internacionales.

Además, refuerza nuestra soberanía, eleva a rango de ley elementos importantes de la cubanía, la identidad nacional y valores esenciales para la formación de las nuevas generaciones pues, en un contexto de guerra cultural, la defensa de la memoria histórica y la protección de monumentos, sitios históricos y tradiciones populares constituye una contribución muy significativa a la construcción del proyecto de sociedad socialista que llevamos adelante los cubanos.

Mesa Valenciano evidenció la amplia participación, los criterios y sugerencias recibidos de organismos, entidades, además de la visión actualizada del mundo académico en este ámbito.

Precisó que las propuestas recibidas fueron evaluadas, revisadas y conciliadas, convertidas algunas en artículos de la presente Ley, para enfatizar uno de los principales objetivos: desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia, la ética y la cultura.

Como novedades de la norma que se presenta:

-Se lleva a rango de ley la noción de patrimonio como aspecto para la cultura y el desarrollo, en cuanto constituye un importante capital de la sociedad.

-Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y a la participación ciudadana como importantes vehículos para la transmisión de experiencias, actitudes y conocimientos entre las generaciones.

-Precisa que el Patrimonio Cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute, y es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros.

-Reafirma que el Patrimonio Natural enriquece el capital social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

-Refuerza la necesidad de proteger el patrimonio de las comunidades por su valor local.

En el debate, el diputado Danhiz Díaz Pereira propuso agregar a la ley un por cuanto que reconozca que esta norma está enriquecida con las experiencias y la labor de muchas mujeres y hombres que han dedicado su vida a la protección de nuestro patrimonio.

Resaltó que la aprobación de esta ley es consecuente con la política de nuestro gobierno y del parlamento de proteger nuestra historia y nuestra idiosincrasia.

Sobre el documento referido, el diputado Juan Carlos Díaz Rodríguez sugirió agregar que en el artículo 16.2 no solo se conserven los restos arqueológicos aborígenes, sino también cimarrones y mambises.

Además, aconsejó agregar un glosario, pues esta ley se estará impartiendo en todos los niveles de la sociedad, por lo que se hace necesaria su debida explicación para la correcta comprensión por parte de toda la población.

El diputado añadió que esta ley da un empoderamiento importante a los municipios en sus funciones de defensa del patrimonio de la nación.

El diputado por Cienfuegos Irán Millán Cuétara, además de reconocer la competencia del equipo de elaboración de la normativa, propuso asegurar en su instrumentación el aparato técnico, material y ejecutivo de la entidad patrimonial del municipio, con total autoridad y personal técnico capacitado, de conjunto con los diferentes actores del territorio para materializar la responsabilidad que otorga esta ley.

Su segunda consideración fue dar seguimiento al grupo de trabajo que elabora la política para las oficinas del historiador y conservador de las ciudades patrimoniales cubanas, más que como referente a tener en cuenta por sus buenas prácticas para la gestión de conjuntos y sitios culturales, como referencias obligatorias para conformar la Escuela cubana de Restauración, fortalecida por este documento jurídico.

Millán Cuétara opinó que es necesario incorporar miembros activos de las oficinas del historiador del interior del país en la Comisión Nacional de Monumentos.

“La propuesta legislativa que se presenta es de alto valor, pues actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia conforme a las necesidades actuales de protección del patrimonio en Cuba, pero también al rigor de los instrumentos internacionales”.

Con sus criterios concordó el Ministro de Cultura, pues, dijo, todo el trabajo está orientado en reforzar el papel del municipio, mientras se está siendo muy riguroso con el trabajo del grupo del que forman parte, por cierto, historiadores de la ciudad, quienes estudian en este momento todas las normativas que tienen que ver con la oficina del historiador y el resto de la red de ciudades patrimoniales.

En relación con formar parte de la Comisión Nacional de Monumentos, aclaró que la ley deja abierta esa posibilidad, aunque es inviable que la formen tantas personas, pero sí los de mayor conocimiento y prestigio son hoy parte de esta comisión.

De forma general, expresó el diputado Eduardo Torres Cuevas, esta es una ley muy ansiada en el mundo intelectual y cultural cubano, también por el pueblo que ve sus monumentos formar parte y rodear la cotidianidad de nuestros municipios, ciudades, esta ley es resultado de una larga experiencia.

A veces el patrimonio nos dice más que un discurso, porque ahí está visualmente la historia de un país, esa larga experiencia ha permitido una escuela cubana en germen, quizás ya bastante madura en temas de restauración y en temas patrimoniales, y la prueba está en los varios sitios patrimoniales importantes reconocidos, inclusive por la Unesco.

Añadió que quedan muchos retos, sobre todo luego de la aprobación de la ley, pues hay que pensar en el patrimonio del municipio, sus tradiciones, sus lugares, costumbres: desde alimentarias hasta musicales. Las ciudades patrimoniales tienen un enorme potencial, pero es esencial ayudar al municipio para que pueda proyectarse.