Más allá de la sangre. Notas sobre la categoría víctima colateral de femicidio
Carina Elizabeth Gómez / Imagen: Wendy Pérez Bereijo
10/3/2022
En territorio latinoamericano no es una novedad histórica y política que los familiares de víctimas de violencia ocupen los espacios públicos en busca de justicia. Argentina, particularmente, cuenta con una larga historia en este sentido[1]. El presente artículo se inscribe en una investigación antropológica más amplia, iniciada en 2016, que aborda las trayectorias vitales y los vínculos sociales y políticos de familiares de víctimas de femicidio, transfemicidio y travesticidio, en el territorio de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina.
“¿Quiénes son las y los familiares de víctimas de femicidio?, ¿cómo impacta en su dinámica social ser familiar/amiga/amigo de la víctima de femicidio?”.
La categoría fundamental de dicha investigación y del presente artículo en particular, es la de víctimas colaterales; la cual denomina a los miembros de una familia que durante y con posterioridad al hecho de violencia letal, fueron afectados en su integridad física, psíquica, económica o emocional. En el desarrollo teórico de dicha categoría pretendemos dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿quiénes son las y los familiares de víctimas de femicidio?, ¿cómo impacta en su dinámica social ser familiar/amiga/amigo de la víctima de femicidio? En este sentido, el texto propone una reflexión acerca de la articulación compleja entre lazos familiares y práctica política.
Partiendo de una aproximación a los estudios familísticos, se reflexiona en torno a la historicidad regional de las demandas realizadas por múltiples familias que exigen reivindicaciones para sus seres queridos violentados. Se analiza, además, la casuística abordada en el trabajo de campo antropológico durante los años 2016-2019, conjuntamente con víctimas colaterales de femicidio. También se plantea la cuestión de la intersección analítica entre los lazos politizados y la (re)creación de identidades colectivas en torno a la violencia patriarcal[2].
Respecto a la reconstrucción histórica del objeto que nos ocupa, las periodizaciones al uso suelen señalar, como punto de partida, el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo en los años ´70; momento en que la matriz familiar ocupó su lugar propio en el panorama político.
En este sentido la socióloga argentina Elizabeth Jelin[3] explica que, como consecuencia de las violencias perpetradas por la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, el movimiento de derechos humanos utilizó una matriz familiar como espacio militante. Posteriormente, las definiciones “familísticas” dominaron las organizaciones de derechos humanos en la región. Tal es el caso de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos y Nietos de Presos Políticos, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, etc.
Los nombres de estas agrupaciones remiten a la conformación de una comunidad política[4] que expresa públicamente el hecho de reconocerse como pares en base al lazo de parentesco. Así, buena parte de esta militancia se identificaría a partir de la afirmación de un vínculo de sangre con las víctimas. En este marco, la constitución de una comunidad de pares solo es posible a través del vínculo consanguíneo entre las víctimas directas y sus familiares; y, en consecuencia, el lazo es extendido a todas las personas que participan de este activismo.
Por su parte, la investigadora argentina Valeria Silvina Pita ha estudiado aquellas muertes que se han dado en llamar de “gatillo fácil”; es decir, las muertes de jóvenes de barrios populares en manos de la policía. Sus estudios avanzan, particularmente, hacia las formas de organización de los familiares de dichas víctimas de violencia policial, enfatizando en la figura del activista político. Al referirse a la categoría familiar, no nombra a todas aquellas personas ligadas por lazos de parentesco con las víctimas de violencia, sino a aquellas personas que “ligadas por lazos de parentesco con las víctimas a través de la denuncia y la protesta, se han convertido en un tipo particular de activista político” [5].
Estos estudios clarifican un escenario de interés común, no sólo se trata de actores sociales ligados por lazos de parentesco que comparten una experiencia cercana a alguna forma de violencia, sino que se trata de estudios de vínculos familiares fuertemente politizados, ligados o no al activismo. Dichos estudios abordan múltiples tramas: las consecuencias de las violencias perpetradas por la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, la violencia policial, siniestros o ‘tragedias’, accidentes de tránsito, entre otras muertes[6].
Estudios de femicidio y el papel de las y los familiares de víctimas
Numerosos estudios acerca del femicidio advierten sobre la implicación del patriarcado en estos hechos violentos, contextualizando las razones asociadas al género y los sucesos de violencia anteriores al hecho.
“Numerosos estudios acerca del femicidio advierten sobre la implicación del patriarcado en estos hechos violentos”.
Muchas investigaciones en Latinoamérica priorizan el análisis estadístico, o la casuística local; asimismo otros estudios explican el uso de armas y el tratamiento mediático de los casos. Por otra parte, también hay numerosos estudios acerca de la tipificación del delito de femicidio y la justicia patriarcal. Sin embargo, no se hallaron trabajos precedentes que consideren, centralmente, a las familias de las víctimas de femicidio.
Gran parte de dichos estudios se concentran en analizar la violencia femicida desde dos perspectivas, ya sea desde un abordaje individualizante, anclando el análisis solo en la víctima o el victimario, dejando de lado la presencia de otros/as actores/as sociales, o se centran en una visión estadística, destacando parámetros numéricos y eclipsando la particularidad, la historia y el nombre de cada víctima. Considero que ambos polos son útiles, sin embargo, tanto la percepción individual del femicidio y el eclipsamiento en lo estadístico, reafirman la necesidad de una investigación que aborde y ponga en el centro del estudio, también, a las y los actores que rodean a las víctimas.
En nuestro abordaje del tema, por “familiares” se entiende a las personas que, ligadas por lazos de parentesco o cercanía, fueron afectadas por la violencia patriarcal que implica el asesinato de mujeres. La propuesta de análisis que aquí se plantea intenta superar la dicotomía víctima-victimario y constatar, desde una perspectiva colectiva y social de la violencia patriarcal, la presencia de víctimas colaterales en todos los casos y sin excepción alguna: las familias y allegados de las víctimas.
Notas a la categoría víctima colateral de femicidio
Para iniciar una genealogía de la categoría víctima colateral de femicidio, es ineludible la referencia a los informes nacionales del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” en Argentina, creado el año 2009 por la asociación civil La Casa del Encuentro, que fue durante muchos años la única fuente estadística de estos crímenes en el país. En este quehacer desarrollaron el término femicidio vinculado, partiendo del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer objeto de violencia.
En una compilación del año 2013, que abarca informes de femicidios de cinco años, el Observatorio no solo demostró que en Argentina, en ese año, cada 35 horas era asesinada una mujer, sino también, lograron contabilizar a los hijos e hijas de las víctimas con el fin de “mostrar el impacto social que tiene la violencia sexista en la sociedad, visibilizando la cantidad de hijos e hijas que quedan sin madre en los casos de Femicidio”[7].
Así, junto a la definición de femicidio vinculado registran dos categorías: personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la “línea de fuego”; y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. De esta manera, el objetivo de quien perpetra el crimen sería en ambos casos la destrucción de la mujer, no necesariamente física, sino psicológica y emocional, sirviendo como vehículo la muerte de personas de su entorno.
Posteriormente, la ley 26.791 del 14 de noviembre de 2012, substancial en la materia, retomó el concepto desarrollado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Dicha ley reformó los incisos 1°, 4°, 11° y 12° del artículo 80 del Código Penal (que regula los homicidios agravados), otorgando una figura judicial al homicidio agravado por razones de género: el femicidio. Así, se impone la reclusión o prisión perpetua al que matare:
ARTICULO 1° — Sustitúyense los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.
4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
ARTICULO 2° — Incorpóranse como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.
Por último, este inciso tipifica el llamado femicidio vinculado. Su inclusión pretendió abarcar la muerte perpetrada por un femicida para castigar o destruir psíquicamente a una mujer sobre la cual ejerce la dominación. Sin embargo, su formulación es también neutra en términos de género, por lo que podría ser aplicado tanto a hombres como a mujeres que realicen la conducta descrita en el tipo.
Familiares en escena: el Femicidio y sus múltiples víctimas
“No hay dolor más grande (…) Los padres esperamos que los hijos nos entierren a nosotros”.[8]
Durante los años 2016 y 2017, Jujuy estuvo entre las provincias argentinas con mayores cifras de femicidio en el país. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 hubo 10 casos de femicidio y un transfemicidio, todas las víctimas fueron asesinadas por su pareja o expareja. Una de ellas estaba embarazada. Asimismo, se contabilizaron al menos 6 niños huérfanos. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 hubo 9 casos de femicidio. En la totalidad de los casos estuvieron involucrados 11 femicidas, 4 de estos hombres fueron parejas o exparejas de las víctimas y 2 tenían un vínculo paterno con las mujeres que asesinaron. En total, 12 niños y preadolescentes quedaron huérfanos y 4 de ellos fueron testigos del asesinato de sus madres.[9]
Nombrar no solo a las víctimas directas —mujeres, niñas, mujeres autopercibidas— implica observar la violencia patriarcal desde su impacto social. Por ello el método analítico empleado intenta enunciar algunas de las consecuencias que dicha forma de violencia tiene en el entorno más directo de la víctima. Superar el abordaje de las categorías víctima-victimario posibilita descentralizar la atención a dos o —en algunos casos— más individuos para dar lugar a la comprensión del asesinato de mujeres como suceso colectivo en el que se entraman diversos sujetos, antes, durante y después del hecho violento propiamente denominado femicidio.
“Nombrar no solo a las víctimas directas —mujeres, niñas, mujeres autopercibidas— implica observar la violencia patriarcal desde su impacto social”.
Los titulares de los medios de difusión masiva en la provincia de Jujuy, se hacen eco de estos sucesos; en la sección policial, al realizarse entrevistas que acompañan el relato de los hechos, puede leerse: “La familia de Natalia Vilca, quemada por su pareja, exige justicia”[10]; “Crece la resignación en familiares de Ester Flores”[11]; “Familiares de la chica asesinada aclaran que ellos atraparon al asesino”[12]. Por lo general, cuando el título indica “familiares”, la fotografía registra sólo los rostros de los padres de las víctimas; ya que, en la mayoría de casos, son ellos quienes impulsan los mecanismos de “búsqueda de justicia”; sin embargo, esta órbita de acción se compone de más personas. La antropóloga argentina Natalia Verónica Bermúdez[13] afirma que los hermanos de víctimas de violencia policial en Córdoba, suelen resultar directa o indirectamente vinculados a la muerte; en especial, quienes pertenecen a un mismo “grupo de edad”, en la medida en que compartieron alianzas, saberes, espacios y redes de sociabilidad con el joven muerto, y que los adultos tienden a desconocer.
En entrevista realizada a la hermana de una víctima de femicidio, esta comenta: “Para justificar la carátula que sostiene la justicia hacia los acusados sobre homicidio simple, nos decían que: ‘¿por qué no la cuidamos’?”[14]. Al recibir amenazas de un grupo de hombres con gran historial de denuncias por violencia, esta víctima colateral emprendió la búsqueda del testimonio de otras adolescentes que, al igual que su hermana, habían sufrido los abusos. Así lo refiere: “Empecé a preguntar en el barrio y las chicas del secu [colegio secundario] sabían quiénes eran los tipos porque a todas se les han acercado”.
Estas perspectivas continúan sustentando, implícitamente, que las únicas referencias posibles se basan en el parentesco directo, generando un solapamiento de otros familiares y allegados que, en palabras de Bermúdez: “parecen no formar parte de estas organizaciones, pero que resultan fundamentales para regular los conflictos y tensiones familiares, barriales e institucionales que una muerte violenta suscita”.
Por otra parte, múltiples fuentes —mediáticas, estadísticas, incluso académicas— referencian constantemente a los vínculos de sangre como principio básico para la conformación del conjunto de familiares en cuanto comunidad. La antropóloga Virginia Vecchioli señala que existe una “magia reificadora del parentesco” que cumple su papel con eficacia: “porque ‘familias’, ‘mujeres’ y ‘madres’ son lo que son (…), se incorporan al espacio público y adquieren en consecuencia un papel protagónico”.
En opinión de Bermúdez, la categoría familiares suele extenderse a todos aquellos que enuncian un compromiso público basado en la familia de sangre, en el instinto o en el dolor, pero, especialmente en Argentina, quedan reducidas a las más legitimadas, como las madres o, en todo caso, los padres de víctimas.
Este reduccionismo en la literatura académica, puede estar dado por la naturalización de lazos primordiales. En este sentido, Vecchioli afirma que esta “naturalización” sucede toda vez que se “utilizan los mismos términos nativos al intentar dar cuenta de esta politización de las relaciones de familiaridad, haciendo de las relaciones de sangre un principio de explicación sociológica”3.
Naturalizar el accionar de familiares de víctimas que se manifiestan de múltiples formas y en diversos espacios en búsqueda de justicia, no implica la naturaleza del vínculo mismo. En correspondencia con el antropólogo argentino Diego Zenobi[15], el presente estudio no asume dicha categoría partiendo, en lo fundamental, de los naturales vínculos paterno-filiales, sino de su construcción colectiva en el marco de un proceso de luchas y disputas. O sea, lo familiar se analiza a la luz de los procesos de socialización de la familia; es decir, cómo los diversos grupos se interrelacionan, qué tensiones se derivan de ese proceso y la interrelación entre esos grupos que los conduce a particularizarse.
Familiares en disputa: Redes y lazos políticos
En el ámbito de estudio, la red de familiares más conocida en Argentina es Atravesados por el Femicidio, un grupo de dieciocho personas, todas ellas familiares de víctimas de femicidio de diversos lugares del país. En su carta de presentación afirman: “No nos guía ningún otro interés más que lograr aunque sea en algo mínimo, un cambio de esta concepción cultural patriarcal de nuestra sociedad y ayudar a todas aquellas personas que estén siendo víctima de violencia machista”. Este grupo nació el 9 de febrero del 2018; sin embargo, sus vínculos reales se establecen con posterioridad a un encuentro concertado por el Instituto Nacional de la Mujer, en el cual no se satisfacen sus demandas; fue entonces que se congregaron más allá de las decisiones estatales, vinculándose, además, con otras organizaciones civiles.
En Jujuy la primera organización de familiares fue la Mesa Provincial de Víctimas de Femicidio, convocada por Silvia Ibáñez, la madre de una joven asesinada en el año 2007. Esta Mesa Provincial fue breve y poco numerosa y asistió a reuniones organizadas por el gobierno provincial desde la Secretaría de Paridad de Género, dependencia en donde Silvia Ibáñez fue, más tarde, coordinadora del programa de Acompañamiento de Familiares de Víctimas de Femicidio.
Existen diversas organizaciones políticas que se vinculan con familiares de víctimas de femicidio; tal es el caso de la Asociación de Víctimas de la Impunidad (AVICIM) que tuvo reconocimiento social desde 2001 hasta 2015, cuando se asoció al Frente Cambia Jujuy; y aunque no reunió exclusivamente a víctimas colaterales de femicidio, durante aquel intervalo realizaron diversas actividades en torno a los femicidios en la provincia. Su actividad principal fue la lucha por la creación de un Consejo de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
Por su parte, la agrupación Pan y Rosas (del Partido de los Trabajadores Socialistas) acompaña, entre otras, a la familia de Haydee Cruz; la cual solicitó colaboración a diversas organizaciones de la provincia durante el trayecto judicial por el caso.
Finalmente, existe un gran red de organizaciones que lleva adelante la mayoría de acompañamientos a las víctimas colaterales (marchas, ‘escraches’, petitorios, representación legal, entre otros); se trata de la Multisectorial de Mujeres. Dentro de esta, el grupo Mujeres Unidas por Lucha -grupo autodenominado independiente-, junto a la Casa de la Mujer María Conti, con sede en la ciudad de San Pedro, son las organizaciones que constituyen al nodo mayor. A su vez, realizan actividades conjuntas con la Fundación Siglo XXI y las Comisiones de Género de diversas asociaciones y gremios; como la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), la Asociación de Profesionales Universitarios (APUAP), la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de San Salvador de Jujuy, la Comisión de Género de SIEOM (Sindicato Independiente de Empleados y Obreros Municipales) de la ciudad de Perico, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, entre otras.
La Casa de la Mujer María Conti, la Casa de la Mujer Rosa Aliaga y la Casa de la Mujer de la ciudad de El Carmen -todas pertenecientes a la Corriente Clasista y Combativa- realizan acompañamientos en las marchas y actividades. A su vez, las Comisiones de Género de los sindicatos – todos con dirigencia del Partido Comunista Revolucionario- apoyan con firmas de adhesiones en petitorios y cartas abiertas. En este contexto muchas víctimas colaterales de femicidio que cuentan con el apoyo de la Multisectorial, terminan uniéndose, bajo diversas circunstancias, a dicha red de organizaciones partidistas.
Los casos de femicidio que llegaron en los últimos años a instancia del dictamen de la justicia son, en su mayoría, representados por este nodo mayor de la red; por lo tanto, las víctimas colaterales que acuden a la misma tienen una especie de ‘garantía’ de consecución judicial. Sin embargo, no todas las personas que han tenido contacto con este círculo estuvieron dispuestas a un acercamiento político partidista.
Discusión y reflexiones
El análisis de las trayectorias de familiares de víctimas de femicidio en la provincia de Jujuy, resultó significativo para iniciar la reflexión en torno a los diferentes principios que articulan su participación política. Por tanto, se convierte en desafío de aquí en lo adelante, ampliar el estudio de la relación entre los activistas y las organizaciones partidistas, hacia el marco del Estado-nación y la presencia creciente de las y los familiares en las políticas públicas. Si la apelación a una comunidad de sangre da lugar a la creación dinámica de lazos politizados, nos encontramos entonces frente a formas concretas de constitución de identidades colectivas políticas que parten de la memoria contra la violencia para (re)hacer nuevas historias y trayectorias.
Examinar las trayectorias vitales y los vínculos políticos entre los familiares de las víctimas de femicidio, posibilita la reflexión en torno al lugar y la pertinencia de las categorías de parentesco para la acción política; además, contribuye a esclarecer la relación entre violencia patriarcal, Estado y sociedad civil.
Partiendo de esta premisa, se impone conocer a profundidad la trayectoria social y política de los familiares devenidos activistas; su trayectoria biográfica y las redes de interacción política en las que se movilizan. También hemos de conocer a aquellos que deciden no integrarse a la acción ‘militante’ desde movimientos sociales, gremiales u organizaciones civiles pero que sí impulsan acciones colectivas de disputa, partiendo de sus propias memorias de dolor.
Por otro lado, serían relevantes, análisis que demuestren que no solo la muerte de mujeres es una problemática global substancial sino, además, que revelen los efectos colaterales provocados por la violencia patriarcal, que quebranta la vida de las víctimas y de las personas cercanas a ellas.
Mostrar el impacto social de la violencia patriarcal no implicaría solamente a los actores sociales unidos por lazos de sangre o de parentesco; trascendería el momento de la visibilización de hijas e hijos huérfanos, o de los autodenominados padres y madres del dolor; implicaría un paso más allá: la resignificación de los sentidos hegemónicos asociados al asesinato de mujeres, inscribiéndolo como un problema colectivo.