De junglas en el siglo XXI: Internet entre monopolios y bienes públicos

Elsevier, Scopus y Web of Science son plataformas que archivan, gestionan, indizan y comercializan en la web contenido científico sobre Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas; y que tienen en sus inmensas bases de datos los óptimos materiales de investigación sobre cada tema.

Elsevier es la primera y más grande editorial científica del mundo con miles de millones de libros, revistas y obras de referencia icónicas. Scopus, propiedad de la anterior editorial, atesora información avalada por el gremio académico. Mientras Web of Science contiene millones de referencias, obras y registros reconocidos en la comunidad científica. Así podríamos seguir nombrando plataformas similares a las que se accede mediante suscripción de pago.

Cuando en 2019 me acercaba por primera vez al tema, en mi tesis de licenciatura, además de en las tantísimas lecturas que ya había hecho, la mayoría de mis entrevistados (estudiosos del tema) coincidían en que la industria editorial siempre ha estado mediada por lógicas mercantiles. Además, me argumentaban que las editoriales y demás plataformas que publican información científica han tenido tratamientos particulares, debido a su objetivo principal de socializar el conocimiento: no han estado exentas de dichas lógicas, principalmente por la imposición de corrientes neoliberales en las formas de gestión de estas instituciones.

Internet ha favorecido la introducción de métodos comerciales en las industrias del conocimiento. Tras la pandemia, la mayor parte de la vida se ha trasladado a escenarios digitales, y la educación y toda práctica investigativa han quedado entre los marcos del acceso web. De esta forma, la preocupación al respecto es cada vez más latente, y no solo debe ocupar las mesas de investigadores o universidades: los medios de comunicación también deben hacer frente a esta realidad en aumento.

Acceso abierto y Economía Política de la Comunicación: la paradoja de los nativos

Cada vez es más costoso (y no solo en sentido económico) acceder y apropiarnos del contenido que nos interesa en la web. Si bien uno de los mayores atractivos de la red de redes es esa capacidad que brinda para desplazarnos libremente y con facilidad, es también ese uno de los mayores conflictos que presenciamos. Paralelo a la evolución de la web, crecen los modelos comerciales en busca de la sostenibilidad de creadores de contenidos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se trata de resultados de investigación? A medida que nos imponen restricciones económicas, técnicas o legales sobre materiales de información científica, académica y cultural desde Internet, se está introduciendo el conocimiento (que es un bien público) en mecanismos mercantilistas.

Paralelo a la evolución de la web, crecen los modelos comerciales en busca de la sostenibilidad de creadores de contenidos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se trata de resultados de investigación?

El Movimiento de Acceso Abierto (AA) u Open Access (OA), desde su surgimiento en 2002, es la iniciativa que ha promovido el acceso libre y gratuito a materiales de este tipo, en la lucha por eliminar las limitantes en la descarga, distribución y conservación de estos contenidos. Dejarlos “en abierto” significa garantizar la oportunidad para todos de acceder a datos e información sumamente necesarios. La información y el conocimiento son bienes simbólicos que deben tener un carácter público. Los avances científicos y las transformaciones socioculturales lo implican.

Pero el acceso abierto, al tiempo que es una gran luz para sobrevivir en el medioambiente digital, desde la Economía Política de la Comunicación se vuelve un asunto complejo, pues quienes producen este contenido (sujetos e instituciones) no solo ven afectada su remuneración, sino que son los responsables de costear estas producciones y su distribución.

En términos de Economía Política, los productos comunicativos son bienes simbólicos, de valor agregado, que ocupan un espacio y un tiempo. Producirlos demanda costes de inversión y recursos sociales, de origen privado o público. Por ello la producción comunicativa —en la web o no— debe confeccionarse de modo que pueda reestablecer, de alguna manera, el valor de su fabricación.

La ley del más fuerte

El sitio pirata Sci-Hub recibe al día un promedio de más de 30 000 visitas, debido a todo el material que ofrece —más de 70 millones de documentos— sin restricciones de pago o suscripción. Desde 2015 enfrenta una especie de ciberguerra con la editorial Elsevier, que comenzó en un conflicto legal, debido al hackeo, por parte de Sci-Hub, a las bases de datos de la editorial; como las de tantas otras plataformas.

La piratería no es acceso abierto, como robo es un delito: burla los muros de pago, y con ello el derecho de autor. Evidentemente, no debe ser una opción. El instinto animal no puede trascender la tecnología.

En 2018, en el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (Cilac) se planteaba: “Abierto no es contrario a rentable, innovador o industrial (…)”, con el propósito de crear un balance entre socialización del conocimiento, protección de la propiedad intelectual y costes de producción y sostenibilidad, a partir de iniciativas y mecanismos institucionales que se generen para ello.

Lo cierto es que los usuarios de países más “indefensos” en el ecosistema digital (como es el caso de Cuba —ya limitado, en este sentido, a causa del bloqueo—) estamos en desventaja: son menores nuestras opciones a la hora de acceder a materiales necesarios y de interés.

Si bien se promueve el uso de fuentes confiables y literatura especializada, a la hora de referenciar algo desde la web, al construir una investigación, o simplemente para estar informados y evitar la infoxicación o infodemia (términos arraigados a partir de la pandemia), toca a los países, instituciones y medios de comunicación seguir exigiendo iniciativas de AA y luchar por eliminar las restricciones en el acceso y descarga de documentos que deben ser públicos, por el recurso social que representan.

Estamos en manos de universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales e instituciones científicas y culturales (que operan en el espacio virtual), a las que corresponde seguir generando iniciativas que permitan sostener la producción y difusión de conocimiento “en abierto”.

Pero a la par —y aunque somos los de menor peso en la cadena— toca a los usuarios investigar nuestros derechos, beneficios y perjuicios como tales, educarnos constantemente sobre la cultura de lo online, y conocer a profundidad los códigos y reglas de coexistencia en este escenario, para no ser víctimas del mercado, la tecnología o nosotros mismos.

Internet se expande como jungla informacional, y monopolios y sitios piratas permanecen al acecho: no cedamos, por desconocimiento, a los depredadores del ciberespacio.