Para alguien que haya seguido con atención los medios de comunicación en Internet, creados o financiados por diferentes vías por el gobierno estadounidense para influir en la opinión pública en Cuba, no ha sido difícil notar una gran diferencia entre la estrategia editorial de estos frente a dos de los temas que más acapararon la atención en las redes sociales de la isla durante los últimos meses del año: La Constitución y el Decreto 349.

En cuanto a la estrategia editorial, adoptada ante la Reforma Constitucional, quise ya hacerla notar en el blog La Pupila Insomne, con el texto “¿Comunismo en la Constitución o una Constitución con comunismo?”, publicado por La Jiribilla:

La contrarrevolución parece no haber visto la tremenda oportunidad que le ha pasado por delante: haberse lanzado una convocatoria popular completamente abierta a todo tipo de cuestionamientos, que ni siquiera deja fuera del debate el papel del Partido Comunista de Cuba en la sociedad. (…) O sí la han visto, pero no tienen la capacidad de subvertirlo y dominarlo. Ni organización, ni discurso coherente que utilizar y mucho menos apoyo popular.

Los medios de comunicación de la contrarrevolución más tradicional por un lado y los nacidos al calor de la política de Obama por otro, se han limitado a hablar superficialmente sobre un proceso que los ha superado con creces, con el mismo sentimiento de la zorra que, al ser incapaz de llegar a las uvas, dice que están verdes.

En el momento inicial se limitaron a emitir algunos contenidos sobre la supuesta apatía de la población ante el debate constitucional, una matriz que fue rápidamente superada por la realidad de millones de ejemplares vendidos y decenas de miles de asambleas realizadas. Fue importante la rápida y certera intervención pública del Presidente refiriéndose a esas intenciones, haciéndolo de forma reiterada en varios medios estatales; lo que demuestra que unas pocas palabras correctas, en boca de la persona correcta y en el momento correcto, valen más que cualquier saturación mediática estatal. 

Sin dudas, hubo momentos en los que se habló de la intención de eliminar la mención al comunismo, o del controversial asunto del matrimonio igualitario. Pero en general, el proceso de Reforma Constitucional abarcó una diversidad de temáticas en discusión demasiado amplia, y hubiese exigido una influencia sobre sectores demasiado diversos como para ser dominada por el aparato estadounidense de páginas webs. Dicho en otras palabras, resultó ser una presa demasiado grande para su aprovechamiento político.

Pero al mismo tiempo, la diferencia de aquel gran debate con el Decreto 349 ofrecía un contraste espectacular. La manipulación y tergiversación de este último fueron constantes durante meses, con amplia y sistemática generación de contenidos, buscando crearle una oposición tanto el Decreto en cuestión, como a las instituciones que lo crearon.

Solo las web Cibercuba y Diario de Cuba publicaron sobre este asunto más de una docena artículos cada una. Si ignoráramos la atención a otros sucesos y las distribuyéramos en el tiempo transcurrido, solamente estos dos medios, de función política conocida, generaron en la red una actividad contra el Decreto, el MINCULT y la UNEAC, aproximadamente, de un texto cada 72 horas.

Otros medios políticos que acompañaron el ritmo con mayor o menor intensidad fueron 14 y Medio; Cubanet; El Toque; OnCuba; Estado de Sats; y el diario miamense El Nuevo Herald.

Resulta no menos curioso que el peso de la campaña contra el Decreto no lo llevaran los medios surgidos de la estrategia mediática de Obama: La revista OnCuba, que fuera el buque insignia de una flotilla de páginas dedicadas al plan obamiano de la “obtención de resultados por otros métodos”, prefirió esta vez cautamente no seguir dando con su cántaro a la fuente. Nuevamente habría que recordar el efecto de las palabras correctas en boca de la persona correcta.

Fueron en cambio las páginas dedicadas a una línea editorial pro-bloqueo como Cibercuba; Diario de Cuba; y medios similares como 14 y Medio, de Yoani Sánchez, de vínculo con la contrarrevolución más tradicional, anteriores a Obama, las que sostuvieron más agresivamente la campaña. Una explicación para esto pudiera ser que el circuito obamiano sigue estando reservado para una estrategia de acercamiento con sectores académicos, artísticos y periodísticos ligados a las instituciones estatales y más afines a la idea del socialismo, sin llegar a forzar las cosas; de ahí que en la mayoría de estos casos el gobierno cubano haya mantenido sus accesos visibles. Mientras que, por el contrario, el primer grupo de medios tiene desde hace años los vínculos necesarios con grupos de “artistas disidentes” para fabricar y divulgar los performances de protesta callejera que se intentaron contra el Decreto.

Otro aspecto significativo es la re-utilización, y sobre todo la re-validación, de ese circuito de medios de la “contrarrevolución dura” que durante el gobierno de Obama, especialmente entre el 2014 y el 2017, fueron opacados por el desarrollo y el trabajo estadounidense con otras webs, en pos de crear contrarrevolución alternativa con publicaciones como Cuba Posible; El Toque; OnCuba; Periodismo de Barrio y La Joven Cuba).

¿Cuánto dinero circuló para armar la campaña contra el Decreto 349? Probablemente nunca lo sabremos, pero de seguro el flujo de financiamiento durante el 2018 se modificó sensiblemente para favorecer más a un grupo de medios que al otro.

Otra cosa que llamó la atención esta vez fue el uso mayor de una cifra notable abundante de páginas menos conocidas —incluso desconocidas—, que re-publicaban cada contenido emitido contra el Decreto. La función de estas páginas era la de procurar una visibilidad mayor de contenidos adversos al Decreto, a partir de su inserción en los diferentes motores de búsqueda. Posiblemente no se haya visto antes, respecto a un tema específico, un funcionamiento tan articulado entre páginas emisoras y replicadoras. ¿Cuántas páginas fueron orientadas para esa función? Sería una pregunta buena para el Task Force para la Internet en Cuba.

Por lo pronto, el aparato de medios al servicio de la contrarrevolución demostró tener, sobre una parte del sector cultural cubano, una grotesca capacidad de influencia y manipulación.

Sin embargo, la mención realizada más arriba, de que estos dos temas —Constitución y Decreto—, acapararon la atención en las redes, es relativa. Si bien la Constitución, lógicamente, abarcó el interés de amplios sectores de la sociedad cubana, el Decreto fue limitado al sector artístico. Su defensa careció, en principio, de esas palabras correctas, en la boca correcta, en el momento correcto. Cuando estas vinieron a emitirse, ya era tarde.

Se cometió un error fatal al considerar un tema artístico como algo de interés exclusivo de los artistas. No se comprendió que el mayor defensor de un Decreto dedicado a protegernos de quien “difunda la música o realice presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno”; “discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”; “viole los niveles permisibles de sonido y ruidos o realice un uso abusivo de aparatos o medios electrónicos” o “atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia”, no son los artistas que lo exigieron, ni los juristas que lo redactaron, ni los funcionarios que lo promovieron. Su mayor defensor debe ser y es el Público.