La historia de América Latina muestra claramente que los golpes de estado promovidos desde afuera tienen consecuencias desastrosas. La actual crisis que enfrenta Venezuela debe ser resuelta pacíficamente, a través del dialogo, las negociaciones y acuerdos internos, sin interferencias extranjeras.

El pasado 20 de mayo se llevó a cabo la sexta elección presidencial de la historia contemporánea de la República Bolivariana de Venezuela. En las mismas resultó electo como Presidente Constitucional el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien de acuerdo a lo estipulado en la Constitución venezolana, tomará posesión para un nuevo período presidencial el próximo 10 de enero de 2019. La elección se produjo bajo un clima de paz y tranquilidad con una participación del 46,02% del total del padrón electoral, cifra muy similar a la que registran las elecciones estadounidenses.

En los comicios se dieron cita candidatos de distinto signo político, como es el caso de Henry Falcón, dirigente del partido Avanzada Progresista, y Javier Bertucci, dirigente del partido El Cambio, ambos opositores del gobierno actualmente constituido. Se debe destacar que un 67,84% de las personas que votaron se decidió por la opción que representaba el Frente Amplio de la Patria y su candidato electo Nicolás Maduro. Ello representa 6.245.862 votos válidos. El candidato de oposición más votado, Henry Falcón, alcanzó un 20,93%, lo que representó 1.927.387 votos.

Debemos reconocer que el descenso de la participación electoral con respecto a elecciones anteriores (estimada en alrededor de un 60%), responde a la decisión de la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, de no tomar parte en las elecciones presidenciales, lo que significó una disminución de la participación ciudadana vinculada a esta tendencia política. En las elecciones parlamentarias del 2005 ese sector político directamente no presentó candidatos, con el objeto de sabotear el proceso comicial.

El resultado electoral y la respuesta democrática del pueblo venezolano evidencian su determinación de continuar una senda de construcción autonómica y democrática de su destino.

Durante los últimos cinco años diferentes administraciones estadounidenses han venido implementando contra Venezuela un sofisticado plan de desestabilización para derrocar un gobierno elegido democráticamente a través de un sistema elector considerado uno de los mejores del mundo tal como lo calificó el propio ex presidente estadounidense Jimmy Carter.

La actitud del gobierno estadounidense de cambio de régimen viola sistemáticamente la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.

En marzo del año 2015, bajo Decreto Ejecutivo, el Gobierno de los EEUU declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, declarando una “emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza”. Otra Orden Ejecutiva en agosto del 2017 exigió al Departamento del Tesoro implementar sanciones “irreversibles” contra la economía y el sistema financiero venezolano, un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, inaceptables en el derecho internacional. Con estos marcos legales, se activó el cerco económico contra los planes de recuperación de la economía venezolana, afectada producto de la caída de los precios del petróleo de los años 2014-2015.

A través del bloqueo económico a Petróleos de Venezuela (PDVSA), columna vertebral de la economía venezolana, sumado al bloqueo comercial y financiero, se afecta directamente el comercio y la adquisición de productos de primera necesidad, golpeando duramente la calidad de vida del pueblo venezolano, agudizando, de esta manera, la crisis económica. En ese sentido, William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela recientemente declaró que…”en este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años a la población”

Con el monopolio del poder mediático, Estados Unidos manipula a la opinión pública mundial imponiendo la matriz narrativa de una “crisis humanitaria” en Venezuela, con lo cual busca justificar una intervención militar disfrazada de “ayuda humanitaria”.  En Septiembre de este año Trump declaró a medios en la Organización de Naciones Unidas que en torno a Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa…

En el año 2016, se publicó el documento “Venezuela Freedom-2 Operation” del U.S. Southern Command (SOUTHCOM) firmado por el AdmiralKurt W. Tidd-Commander donde queda delineado el plan para la implosión-colapso con un conjunto de políticas dirigidas a derrocar al Gobierno venezolano, empleando la estrategia de amplio espectro donde se desarrollaron operaciones simultaneas, combinadas y continuas en el periodo 2016-2018.

Estados Unidos y un grupo gobiernos obedientes a las órdenes de la Casa Blanca, se aprestan a desconocer la legitimidad del mandato conferido al Presidente Nicolás Maduro Moros a partir del 10 de enero. Ante este hecho y las enunciadas intenciones de intervención militar directa o de guerra subsidiaria (proxy war) a través de Brasil, Puerto Rico y/o Colombia, hacemos un llamado al pueblo de los Estados Unidos y a la comunidad internacional a la no intervención, y a reconocer y respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano, que continúa trazando un camino propio, de paz, guiado por su derecho irrenunciable a la libre autodeterminación e independencia.