1-¿Acaso las correspondientes entidades y niveles de dirección del Estado y el Gobierno no saben que las formas de ordenamiento de los procesos económicos y circuitos comerciales del arte son también parte de la organización económico-social en su conjunto?

2-¿Es que se ignora que un descontrolado despliegue de privatización en las formas de mercar arte dentro del territorio nacional, no sólo puede desplazar a las instituciones y empresas que lo hacen, desde las vías estatales legales y autorizadas, sino también influir en la aceptación normal del neoliberalismo como engranaje del proceder nacional financiero y de la actitud de los individuos, devenidos entonces personas regidas sólo por el principio egoísta, deshumanizado e ingrato de las ganancias monetarias?

3-¿Existe justicia y concordancia con la concepción de vida y valor elegida por la sociedad cubana, cuando se permite “normalmente” la presencia de galerías de propietarios que no viven en Cuba, o que sólo se aprovechan de la permisibilidad igualitarista de una alteración de la Política Cultural de la Nación, para sembrar y mover negocios distantes de la legalidad, sin pago de impuestos y provistos de una “estrategia de zanahoria”, que se vale de los bajos salarios de los especialistas y galeristas cubanos, donde quiera que estén, para “comprarlos”, piratearlos y colocarlos en función de los que nada han aportado, ni se han sacrificado por la defensa y desarrollo de nuestra sociedad?

4- ¿Puede considerarse ético que el trabajador manual y el campesino, el obrero especializado y el profesional de la cultura tributen al fisco por las pocas o altas ganancias que obtengan de su trabajo legal y honrado en beneficio de los requerimientos materiales y espirituales de la población de Cuba, mientras un grupo de inversionistas o artistas “emprendedores”( propios de la tipología proclamada por Obama) se dediquen al comercio y el despojo de manera abierta, sin la debida legislación que los ampare y limite, sin el ajuste a los principios solidarios interpersonales, sin un permiso de la Cámara de Comercio en casos necesarios, sin entregar la cantidad impositiva que deben entregar, además de no respetar a los creadores y especialistas que se han mantenido firmes en su servicio público y formativo, y aplicar una posición regida por la norma enajenante de que “quien más dinero tiene es quien más vale”?

Seguiremos con interrogaciones que derivan de una realidad que se observa con fuerza en las últimas bienales de La Habana, incluyéndose la actual. Y no se trata de que uno niegue la galería que proviene directamente del productor y el conocedor consciente de arte, sino de que es imprescindible que se emitan los documentos legales para una aceptable función de éstas y para que no cometan (a veces por no poseer una brújula que las guíe y legitime) errores y desviaciones. Tanto la Asociación entre entidades estatales y privadas, como la correcta conformación de un ámbito de gestión para mercado que asuma como complementarios ordenados a los negocios privados del sector artístico, son posibles. Pero no con la irresponsabilidad y estado caótico que ahora los gesta y reproduce, a veces cual células cancerosas con vocación “antropofágica”.