Siguiendo el liderazgo de EE.UU. en la OEA, Canadá está manipulando arbitrariamente los conceptos de “democracia”, “derechos humanos” y “prisioneros políticos”, buscando con ello el derrocamiento de la Revolución Bolivariana y del Presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente elegido. El 3 marzo de 2017, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, adoptaron una declaración acerca de Venezuela. No obstante la votación de estos 14 Estados miembro, esta no fue suficiente para hacer adoptar el voto entre los 35 miembros de la organización a favor de la resolución, con el fin de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA como un pretexto para interferir en Venezuela. 

Arnold August. Foto: Internet

Aun cuando la declaración no fue anunciada en el sitio web de la OEA, dado que no pudo ser considerada como un documento oficialmente aprobado, países patrocinadores como Estados Unidos y Canadá la publicaron en sus respectivos sitios web. De esta manera, permanece la plataforma política de estos 14 países y, de manera no oficial, la de la OEA misma, cuyo Secretario general, Luis Almagro, es un servil instrumento de Estados Unidos. 

La declaración evoca “democracia”, “derechos humanos” y “prisioneros políticos”. Tomemos cada una de estos asuntos para ilustrar cómo son manejados arbitrariamente en la OEA.

Canadá ha sido miembro de la OEA desde 1990. Sin embargo, en Canadá tendríamos motivos para exigirle cuentas al gobierno canadiense en cuanto a que nunca ha convocado a una reunión especial de la OEA para examinar las violaciones de Estados Unidos a la democracia y a los principios electorales básicos. Para tomar tan solo algunos ejemplos recientes, ¿no fue la victoria electoral de Bush en el año 2000 suficientemente dudosa para solicitar una investigación a la OEA? Más recientemente salió a la luz que la campaña de Obama y Clinton colaboró con el conglomerado mediático de CNN para derrotar a la campaña de Sanders. En las mismas elecciones de 2016 resultó claro para el mundo entero ver que los Colegios Electorales —como resultados directos de los acaudalados propietarios de esclavos que modelaron el proceso electoral para mantener a la mayoría privada de su derecho de sufragio— no son democráticos.

¿No serían estas flagrantes violaciones a la democracia suficientes para ser sometidas a consideración por parte de la OEA? Adicionalmente, Estados Unidos es el único país de occidente donde, aun después de haber pagado su condena, millones de infractores por delitos graves —según los estados—, pierden su derecho a voto de por vida ya sea por razones legales o por el intimidante y embarazoso recurso para recuperar su derecho de sufragio. Los afrodescendientes constituyen un altamente desproporcionado porcentaje de las víctimas de estas violaciones del derecho a voto. Todo esto y más, pero ninguna intervención ante la OEA por parte del gobierno canadiense con relación a la democracia en Estados Unidos.

El récord de Ottawa en cuanto a cuestionar a Washington ante la OEA por violación de los derechos humanos es asimismo cobarde. A lo largo de la administración Obama, los afrodescendientes fueron abatidos a tiros en las calles por el estado racista, cual vestigio de la esclavitud. ¿No es este uno de los más atroces ejemplos de violación de los derechos humanos? Esto es tan solo comparable al genocidio centenario de los pueblos indígenas, sucedido a inicios de los años 2016 y 2017, y ejemplificado en la lucha de la reserva Standing Rock. A pesar de ello, ni una queja por parte de Canadá ante la OEA, más aún cuando este país también ha ignorado el número récord de deportaciones de latinos por parte de la administración Obama, seguidas y en aumento por la de Trump.

La inconsistente política canadiense con relación a los prisioneros políticos es tan cínica como su posición acerca de la democracia y los derechos humanos. La población penitenciaria per cápita de Estados Unidos es una de las más altas del mundo. Mientras que no todos los prisioneros son por supuesto prisioneros políticos, el sistema penitenciario es motivado políticamente. En este contexto, también hay cientos de prisioneros políticos tales como Leonard Peltier, un líder indígena condenado a 35 años y Mumia Abu Jama, un activista afrodescendiente encarcelado desde 1981. ¿Por qué Canadá no mira justo hacia el Sur de su frontera para cuestionar ante la OEA este tema de los prisioneros políticos en lugar de los supuestos prisioneros políticos en Venezuela?

La posición de Canadá ante la OEA representa un sumario de arbitrariedades. Si algún país en el mundo debería ser investigado ante la OEA, este debería ser Estados Unidos y no Venezuela.

La posición de Canadá no tiene en cuenta el sentimiento antiimperialista manifestado por un importante segmento de la sociedad canadiense contra Estados Unidos. Canadienses de todas las condiciones sociales han demostrado y han hecho público en todo el país su apoyo a la Revolución Bolivariana, al legado de Hugo Chávez y en contra de la injerencia extranjera. 

No obstante, la actitud servil del gobierno canadiense ante Estados Unidos pone de relieve el significado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que incluye a 33 países soberanos del continente americano, con excepción de Estados Unidos y Canadá. El ulterior desarrollo de la CELAC es la única respuesta a la OEA, centrada en el pensamiento único estadounidense de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá acerca de democracia, derechos humanos y prisioneros políticos.