Bajo la aparente contestación al Decreto 349 sobre la política cultural, se ha manifestado todo aquel que desea la demolición de la política estatal sobre el arte y la literatura, la muerte de toda legalidad y el establecimiento de la anarquía. Este escenario propiciaría, según la imaginación de los que contestan, el derrumbe del socialismo a la manera de una primavera caribeña.

La capacidad de reforma legal en Cuba, también mal reseñada en los medios
propagandísticos, pasa por la más alta consulta popular. Foto: Internet
 

El mecanismo no es nuevo. Sabemos que se aspira a la implosión de la sociedad a partir de protestas en apariencia legítimas. Todo el dinero posible se ha puesto en función de satanizar al Estado cubano y sus leyes, en aras de alcanzar un vacío de poder que permita el retorno de la propiedad privada a gran escala, los favoritismos políticos, la ausencia de toda política social y el “sálvese quien pueda”.

Hace poco conversaba con un amigo escritor acerca de cierta tendencia que flota sobre algunos egresados de las academias de artes y letras cubanas. Esta pretende hacernos creer que en el otro sistema existirá una cultura mejor, caracterizada por la apertura, la diversidad y el respeto a la calidad y el peso de una obra. Lejos de esto, nosotros opinamos que en el mercado no pocos artistas de renombre tendrían que abandonarse a los brazos de oficios mejor remunerados (en el mejor de los casos).

¿Cuántos crowdfunding (tipo de financiación de proyectos) son destinados a los artistas alternativos de México? Ninguno. No existen poderosas agencias —como ocurre con Cuba— que apoyen, por ejemplo, a la revista cultural La Piraña, donde publico una columna desde hace meses. En la cúpula de la oficialidad del capital nadie está interesado en una alteridad al poder capitalista establecido, más bien se suele comprar la competencia o intentar una ofensiva desleal (los monopolios pueden vender a precio de pérdida solo con el fin de liquidar al contrario).

A los cubanos se les ofrece crowdfunding porque Cuba es una alternativa. El día que esa línea roja caribeña desaparezca del mapa, muchos de los financiados —algunos sin obra alguna— caerán en un limbo artístico. Contradictoriamente, ha sido el propio socialismo quien ha dado sentido a muchos de los autodenominados artistas. Pareciera que la razón y la verdad están del lado de los que hoy acusan al 349, si juzgamos la avalancha de mensajes en las redes sociales y los llamados a la rebelión.  

El Decreto no prohíbe la creación libre, de hecho, no cambia una letra de la política cultural vigente. Sería un disparate inconstitucional echar atrás lo ganado tras 60 años de luces y sombras, incluso tras un quinquenio gris. Las contravenciones tipificadas en esta ley están a la vista de cualquiera que camine por las calles de la Isla: en la vulgaridad, en el mal uso de los espacios públicos, o en la apropiación de actividades y oficios que conllevan profesionalismo (académico o no). Son, además, medidas que existen en cualquier sistema mundial (aquellos que tocan en un bar, por ejemplo, deben poseer su licencia y guardarse de normas legales). El que se esfuerza en ser un buen artista tiene en este Decreto un instrumento para defenderse del advenedizo sin talento que, mediante trucos y deslealtad, intente desplazarlo. 

Las contravenciones tipifican derechos humanos protegidos por los pactos de las Naciones Unidas, de los cuales Cuba es signataria. ¿Cómo permitir la violación de derechos por parte de unos hacia otros? Tal cosa no sería libertad de expresión, sino la expresión de los más fuertes.

Por otro lado, ¿cómo demandar la derogación de la política cultural, esa que por 60 años ha favorecido la formación académica o empírica del talento artístico y literario? Algunos (muy pocos) de los artistas que integran la campaña contra el Decreto 349 son graduados de ese sistema de enseñanza gratuito y de alta calidad. El capital, quien le otorga el crowdfunding, no dice cuál será el futuro de los jóvenes que no puedan pagar el acceso a una hipotética enseñanza privada.

Esa política cultural —la que hoy es satanizada— cuenta con todo un sistema de captación y promoción de talentos, y dispone de un abanico participativo que fomenta la vocación artística en cualquier edad. El único requisito, establecido por el gremio de los creadores —y no por el Estado—, radica en la calidad de la obra. Que en casos concretos haya malas prácticas estatales, no significa que todo esté mal.

La capacidad de reforma legal en Cuba, también mal reseñada en los medios propagandísticos, pasa por la más alta consulta popular. O sea, aquí no hay paquetazos al estilo de los gobiernos duros, ni medidas arbitrarias como el retiro de los médicos cubanos de las áreas vulnerables de Brasil. Se supo siempre que el 349, aunque sea un decreto del Presidente, será aprobado o no tras las enmiendas hechas por los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y el gremio.

Así funciona Cuba. Sin embargo, es muy rentable decir que aquí se coartan las libertades, que jamás existió coherencia en las políticas culturales y que la solución es demolerlo todo. ¿Y luego? Se acabarán los crowdfunding, desaparecerá una buena parte del llamado arte independiente y primará la fuerza del mercado con sus leyes arbitrarias. ¿Qué hay de los poetas, los plásticos, los bailarines y los grupos portadores de tradiciones? También se irán a bolina.

La ausencia de política cultural es la ausencia de artistas, la miseria del creador, el dictado del dinero. No en balde la UNESCO declaró recientemente a las parrandas de la región central de Cuba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con el objetivo de mejorar las políticas públicas hacia un fenómeno total, que incluya la participación de personas y manifestaciones de toda índole. La propia agencia de Naciones Unidas hace extensivo dicho reconocimiento, pues hubo una política cultural seria que, casi sin recursos, priorizó la existencia de las fiestas.

Resulta de un talante bastante bajo y cobarde el uso de la inconformidad legítima de un grupo de artistas y escritores para hacer política contra el sistema de la cultura y el Estado cubanos. El rechazo al Decreto 349 —que no “criminaliza” el arte— no ha contado con el apoyo de un Premio Nacional de Literatura, de Artes Plásticas, de Radio, de Televisión o de Periodismo.  Ello demuestra la politización del tema por parte de la derecha internacional, así como la falencia del argumento que recurre a una supuesta censura. No sucedió lo mismo con la polémica fidedigna generada en torno al quinquenio gris, cuando aparecieron en televisión algunos comisarios del periodo. Recordemos que, en aquel momento, se pronunciaron todos, o casi todos, y que la propia institucionalidad convocó a un debate que aún puede ser consultado en los números de la revista Criterios.

Una verdad hay en torno al 349, una que ya sabíamos. Normar la cultura a partir del profesionalismo (académico y empírico) conlleva un alto nivel interpretativo y cuotas de responsabilidad, ya que el trabajo que recae sobre los inspectores es harto complejo. La existencia de ese personal tampoco fue inventada por Cuba; esta opera en el sistema capitalista como autoridad competente.

La carta dirigida al Presidente por parte de los contestatarios expresa que los artistas pueden existir sin el Ministerio de Cultura, no viceversa, y llevan razón en esto. Pero, ¿podrían subsistir esos artistas firmantes sin los crowdfunding?, ¿podrían llamarse a sí mismos artistas sin ese Presidente y esa carta? 

El director de la revista independiente La Piraña, el mexicano Homenic Fuentes, es un poeta talentoso, al igual que el resto de los colaboradores. Sin embargo, él ejerce como chef de cocina para sustentarse. ¿Estarán dispuestos estos artistas a hacer lo mismo?