La pandemia del nuevo coronavirus y su gran extensión por toda la geografía de Estados Unidos crea grandes incertidumbres respecto a la realización de los comicios presidenciales programados para el 3 de noviembre de este año. Por esa y otras razones las circunstancias para estas elecciones no se asemejan a las antes vistas.

En esa fecha no solo se elegirá el presidente sino a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los 100 integrantes del Senado.

Aunque las encuestas muestran amplia desventaja para el presidente Donald Trump en sus aspiraciones de reelección respecto al casi seguro candidato demócrata Joe Biden, casi todos los analistas consideran que es temprano para hacer pronósticos firmes. Algunos opinan que los resultados de la votación en noviembre podrían resultar reñidos, como ha ocurrido generalmente en casi todas las elecciones en las últimas décadas.

En ese supuesto, unido a los problemas que plantea la pandemia de la Covid-19, y a las propias características y algunas expresiones de Trump, se han generado una serie de conjeturas y la posibilidad de que se produzcan situaciones muy complejas, de polarización, respecto a los comicios y en el marco del conteo de votos que tendrá lugar a nivel de los estados, e incluso durante el período que antecede a las elecciones.

Entre los temores planteados está la hipótesis de que el presidente Trump, a quien The New York Times ha descrito recientemente como “un déspota arrinconado, capaz de cualquier cosa para evitar su derrota”, podría pretender que se suspendieran las elecciones so pretexto de una situación de emergencia nacional.

Al respecto hay que señalar que las elecciones presidenciales cuatrienales programadas nunca han sido suspendidas, ni siquiera en 1864 durante la Guerra Civil, y que no es facultad del presidente una decisión de ese tipo. La Constitución es rígida al respecto y cualquier cambio de fecha por parte del Congreso debe garantizar que la toma de posesión del presidente electo sea el 20 de enero, día de la inauguración del mandato, y no después. No hay estipulación alguna que permita al presidente, sin ser reelecto, permanecer en el cargo más allá de esa fecha.

Otra precisión: aunque las elecciones primarias en los estados se vieron afectadas por la pandemia, casi todos los delegados a las convenciones demócrata y republicana han sido designados, pero existen dudas sobre la realización presencial de las mismas.

Como es conocido, en las convenciones es donde se eligen, de manera oficial, los candidatos para presidente y vicepresidente por cada partido. Además, en ellas se concilian acuerdos entre las distintas facciones partidistas y se cumple la formalidad de anunciar una plataforma programática.

Ambas convenciones están previstas para el mes próximo. La demócrata en Milwaukee, estado de Wisconsin (del 17 al 20 de agosto), y la republicana en Jacksonville, Florida (del 25 al 27), con la apertura previa en Charlotte, Carolina del Norte, el día 24. Los demócratas la efectuarán de manera virtual, con el grueso de los delegados a distancia, desde sus estados, aunque con transmisión televisiva. Hasta el momento los republicanos prevén reunirse en el evento, muchos de ellos sin mascarillas.

Con la situación de pandemia se podrían potenciar rasgos y tendencias del sistema electoral que tradicionalmente han afectado la asistencia a las urnas. Para los comicios presidenciales la participación electoral en los últimos sesenta años ha fluctuado en torno al cincuenta porciento del electorado.

No obstante, el nivel de abstencionismo nunca ha sido una gran preocupación de los sectores establecidos ni de la élite dominante. La baja asistencia, por lo general, se da por parte de los sectores de más modestos ingresos, así como entre las minorías discriminadas. Hacia estas, y en sus barriadas, se establecen obstáculos institucionales para la inscripción en las listas de votantes, la disponibilidad de lugares de votación e incluso la inhabilitación de personas por miles y miles de esos sectores marginados.

En varios estados se han venido estableciendo repetidamente medidas o decretos discriminatorios y acciones para limitar el derecho al voto, en lo particular, desde las filas del Partido Republicano, allí donde ellos tienen el control de las legislaturas y en las cortes judiciales.

Por otra parte, se considera que la figura controvertida del presidente Trump podría generar un efecto en sentido contrario y ser un factor movilizador hacia las urnas debido a las reacciones viscerales que genera, tanto en quienes le apoyan como en los muchos millones que procuran su derrota.

Es previsible una notable manipulación del proceso

No es aventurado decirlo. La mayoría de los observadores informados da por sentado que las elecciones van a ser manipuladas, y ello no ocurriría por primera vez. Se ha planteado, hasta por el propio Biden, que Trump pretendería intentar “robarse” el resultado, o postergar la realización de las elecciones y extender su permanencia al frente del ejecutivo.

Se considera, incluso, que puedan ocasionarse problemas constitucionales o situaciones ante las cuales existen ciertos vacíos en la ley que estarían sujetos a interpretación y que, en una situación de resultados con estrecho margen de diferencia, pueden generar complejos litigios legales y hasta graves confrontaciones, sin descartar conatos de violencia. La predisposición de Trump para despedazar los estándares presidenciales aumenta el potencial de situaciones de caos.

Es un hecho cierto que la pandemia del nuevo coronavirus, y la fuerza con que se manifiesta en Estados Unidos, plantea serios problemas para el cumplimiento de la votación que, como se sabe, conduce a un conteo por separado en cada uno de los cincuenta estados y algunos territorios. De esos resultados, el ganador en cada estado obtiene el total de los compromisarios de esa instancia, cuya suma a nivel nacional en el Colegio Electoral, determina la presidencia.

La confusión y el conflicto político serían mayores en caso de que los cuestionamientos y litigios se produjeran a nivel de algunos estados, máxime en aquellos donde, por lo habitual, la competencia entre los partidos es más cerrada.

Este año, más que lo acostumbrado, el proceso electoral se presta para la ocurrencia de múltiples maniobras y jugadas sucias. En gran parte de los estados las cámaras legislativas están dominadas por mayorías de uno o del otro partido, muchas veces contrario a la filiación del gobernador del lugar. A nivel nacional los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos en el Senado.

Todo ello, en caso de litigios, puede afectar los resultados, complicar el proceso ante eventuales pretensiones para “autentificar” delegaciones distintas de algún estado en el Colegio Electoral o si, por ejemplo, se llegara a una situación en que tanto Biden como Trump reivindicaran haber obtenido la victoria.

Sumemos a lo anterior la agitación y el sensacionalismo con que, de manera previsible, actuarán los medios de difusión en tales circunstancias. Y, sobre todo, hay que prever el papel que, llegado el caso, desempeñarían las cortes judiciales estaduales o de la propia Corte Suprema: pueden intervenir, de modo nada inocente, como ocurrió en el año 2000 en La Florida, donde se convalidó un adulterado conteo de votos que sirvió para la obtención de la presidencia por el candidato republicano.

Lo anterior está planteado en un plano hipotético, pero con ello reflejamos solo una parte de los temores y suposiciones que se expresan a diario en la prensa y los círculos políticos como conjetura de lo que podría suceder.

La ciudadanía estadounidense está, por supuesto, muy preocupada con el impacto inmediato y futuro del nuevo coronavirus que con tanta intensidad afecta en toda su extensión el territorio de Estados Unidos. Es un momento muy vulnerable para la realización de las elecciones. Ante las grandes incertidumbres, y en medio de la polarización política, una parte de las instituciones se ve emplazada para asegurar la integridad y accesibilidad de los votantes a las urnas.

¿Cómo efectuar las elecciones en medio de la pandemia?

¿Cómo mantener a las personas separadas a la hora de votar? Se debate acerca de habilitar mayores lugares para el ejercicio, extender la votación en ausencia, el acuse de boletas marcadas vía correo postal, márgenes para votar en fechas anticipadas, nuevas formas y facilidades para el registro de votantes, y otros.

Respecto a cómo efectuar el proceso electoral han venido proliferando propuestas que, en parte, responden a cálculos políticos interesados y que abren evidentes posibilidades de manipulación. Se avizoran escenarios en los cuales la voluntad del electorado podría resultar escamoteada.

Entre las opciones que se han mencionado o que están siendo debatidas se encuentran:

1.- Llevar adelante la votación de la manera prevista, con la concurrencia de los ciudadanos a depositar o marcar su voto en los recintos establecidos, lo que disminuiría considerablemente el número de votantes.

2.- Efectuar la elección mediante el correo postal, de lo que existen experiencias a nivel de los estados. Se aduce que el proceso puede lograr las debidas garantías y transparencias.

3.- Que ante las limitaciones que puede generar la emergencia de salud, sean las asambleas legislativas en los cincuenta estados quienes designen, de forma directa, a los compromisarios que integraran el Colegio Electoral que elige al presidente.

Detrás de cada una de esas opciones y debates existen cálculos políticos; y se evidencia el interés de distintas fuerzas de posicionarse ventajosamente con vistas a que el escrutinio les resulte más favorable.

Por supuesto, la idea de que sean las legislaturas estatales las que designen a los compromisarios que, por lo general, se eligen por votación popular es una variante que parece poco probable. De darse, escamotearía de manera flagrante la soberanía popular, ya de por sí limitada, dadas la preponderancia del papel de los grandes donantes corporativos y las propias manipulaciones que el sistema electoral propicia.

La alternativa que plantea organizar la votación de noviembre mediante el envío por correo de boletas individuales de los electores, aunque enfrenta una serie de obstáculos, ha cobrado fuerza, pero ha devenido también un tema polémico. Se señala que el escrutinio de estas boletas es más proclive a controversias. Otros señalan que es una opción viable, pero que requiere un temprano y extenso trabajo organizativo, para lo cual el tiempo que resta ya resulta escaso.

Entre los opositores a esa opción está el propio presidente Trump, quien se ha pronunciado con fuerza en varias ocasiones con el argumento de que se prestaría al fraude. Incluso ha planteado desafíos legales contra esa opción. Como antes mencionamos, le asiste el temor de que una alta concurrencia electoral perjudique a los republicanos.

Muchos funcionarios electorales y otros han advertido que un considerable número de jurisdicciones locales, y algunos estados, no cuentan hoy con la capacidad y los recursos para un aumento dramático de la suma de votantes, sin que se vean sobrepasados.

Hay varios estados con experiencia en la votación mediante el correo, y algunos otros han estado expandiendo tal opción para quienes deseen evitar aglomeraciones en los sitios para ejercer el sufragio. Varios informes indican que es factible establecer mecanismos que garanticen la seguridad y autenticidad del voto. Ya existe en todo el país, pero con carácter puntual, la votación en ausencia según se solicite y mediante justificación. Esta fue una variante a la cual se acogieron millones de votantes en 2016.

Ha aumentado la presión para hacer que la votación por correo sea una opción libre para cada votante elegible en el país. Pero ello significa, como mínimo, imprimir decenas de millones de boletas con códigos de barra, acompañadas de las debidas instrucciones y con sus sobres con franqueo prepagado.

Se deberá asegurar que para septiembre cada votante reciba una, y que puedan retornarlas para el día de las elecciones, además de tener dispuestos los recursos humanos y tecnológicos tales como escáneres para el análisis de las boletas que aseguren su conteo rápido y su validación. Se calcula que el costo de toda esa operación y preparación será entre dos mil y cuatro mil millones, que el Congreso debe aprobar como apoyo a los estados, pero los republicanos son reacios a ello. Además, deberán garantizarse lugares de votación en persona para quienes así lo prefieran, incluyendo los pueblos originarios que viven en reservas, quienes no cuentan con direcciones postales y en los que influye, muchas veces, la barrera del idioma.

El registro de los votantes resulta engorroso en muchos lugares del país. Está planteada la demanda de facilitar registrarse vía Internet, así como permitir el registro en persona el mismo día de la votación. También se ha propuesto que se instituya un margen para votar en persona con antelación de una o dos semanas y que incluya al menos un sábado y un domingo. Como se sabe la votación está establecida para efectuarse un día martes, lo que afecta a muchos trabajadores.

El panorama se complica si sumamos a todas esas dificultades e incertidumbres los desacuerdos y la falta de apoyo de uno u otro partido para dar los pasos requeridos. Y que, a nivel de estado, existe toda una variedad de normas distintas, modeladas según conveniencias políticas o sujetas a batallas legales aún no resueltas entre demócratas y republicanos.

¿Es posible un escenario de crisis constitucional?

En algún escenario como los arriba descritos, para complicar las cosas, estaría el papel a desempeñar por la prensa oligárquica, que también es parte del rejuego político. En medio de un conteo polémico —o confuso—, la gran prensa serviría como catalizador de la agitación con toda clase de exageraciones, noticias falsas y teorías conspirativas; así, se podría decir, cuestionaría a los resultados, sobre todo si se declara a Trump como ganador por estrecho margen.

Durante demasiado tiempo, la mayoría del pueblo ha estado bajo el influjo de repetidas mentiras y manipulaciones, por lo que se han generalizado actitudes de cinismo, desconfianza y miedo; y mucha gente está confundida o ha sido condicionada a creer cualquier tipo de cosas (incluyendo, por ejemplo, imputaciones tales como que el propio presidente sea un agente encubierto de los rusos, o que estos, mediante el jaqueo digital y otros medios, hayan sido capaces de determinar el resultado de las elecciones).

Al igual que los demócratas cosechan toda suerte de teorías conspirativas, algunos analistas conservadores señalan que los demócratas han lanzado esa serie de rumores, acerca de supuestas intenciones golpistas de Trump, con vistas a crear un ambiente propicio para poder, luego, descalificar una eventual victoria de presidente —que consideran posible en noviembre, pese a parecer ahora un resultado improbable—.

La legitimidad del proceso y del sistema electoral estadounidense está en entredicho y es, seriamente, cuestionada. De ahí la apatía y la baja participación ciudadana. El descrédito se ha visto acrecentado por las repetidas coyundas de las maquinarias partidistas, el creciente éxito y extensión de agresivas campañas de supresión de votantes, así como debido a la evidencia y las repetidas imputaciones acerca de manipulación por parte de los grandes donantes de Wall Street y de entidades extranjeras, etc.

Concluyendo, digamos que no parece viable que el actual mandatario —aunque lo pretenda— sea capaz de suspender las elecciones, si bien el pugilato entre ambos partidos, en el contexto de la polarización que existe en esa sociedad, podría dar lugar a circunstancias de impasse constitucional o de crisis de gobernabilidad.

Como ha sido planteado por varios analistas, la única perspectiva de una circunstancia postelectoral más calmada sería una clara y amplia victoria en noviembre de alguno de los dos candidatos.

Sin olvidar las incertidumbres mencionadas —y la posibilidad de que surjan circunstancias adicionales no previstas en este análisis—, al fin las elecciones tendrán lugar en fecha, pero con una variedad de condiciones o con falta de ellas según los estados del país; con un notable aumento de la votación en ausencia o por correo, pero de forma desigual en muchas regiones; con la participación de algo más de la mitad del electorado y con muchos reclamos, litigios y enfrentamientos sobre los resultados.

En fin, ambos bandos cuentan con ases debajo de la manga y preparan sus triquiñuelas en lo que —se avizora— podría ser una situación política bastante problemática para el país, al menos en los días subsiguientes al escrutinio de comienzos de noviembre.